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Una jueza de Cipolletti otorgó el plazo de un mes a dos familias para que dejen una casa que están usurpando desde diciembre de 2016. La vivienda está ubicada en Independencia 238 de Cipolletti. Y un fiscal requirió el inmediato desalojo forzoso.
El plazo fue impuesto por la jueza de Garantías María Florencia Caruso, mientras que la Fiscalía solicitó una audiencia de formulación de cargos y pidió el inmediato desalojo forzoso. El pedido estuvo acompañado por el abogado querellante y el representante de la empresa que adquirió la vivienda para demolerla con fines inmobiliarios.
Según la acusación, dos familias ingresaron al predio entre el 12 y el 18 de diciembre de 2016. La empresa había adquirido el inmueble el 17 de marzo de ese año y luego gestionó ante la Municipalidad un permiso de demolición que caducó en octubre.
La Fiscalía acusó a las dos familias por el delito de usurpación y la jueza de garantías consideró formulados los cargos. Sin embargo, no hizo lugar al desalojo que pretendía llevarse a cabo de forma inmediata.
El predio consta de dos viviendas que están siendo ocupadas por cuatro adultos y cinco niños. Una de las mujeres cursa un embarazo. Durante la audiencia los imputados informaron que, en el último tiempo, también le ofrecieron alojamiento a una madre soltera con otros siete hijos menores que debieron abandonar su hogar por cuestiones de violencia.
La defensoría oficial y la defensora de menores representaron los intereses de las familias que están actualmente usurpando el inmueble.
La jueza de Garantías consideró que el interés superior del niño se encuentra por encima de cualquier otro interés. Además le solicitó a la defensa que gestione la respectiva intervención del Poder Ejecutivo para otorgarles una solución habitacional a las familias, ya sea desde el municipio o desde el IPPV.
“Mi intención como jueza no es que ustedes se queden en la calle con los niños, está el interés superior del niño que ninguna de las partes desconoce, ni la fiscalía ni defensa ni querella ni yo como magistrada”, indicó Caruso.
“Previo a tomar una decisión como la que se me está pidiendo por parte de la fiscalía y de la querella se deben reunir una serie de requisitos para que estas personas puedan desalojar pacíficamente la vivienda”, sostuvo la magistrada.
Al momento de resolver la jueza también dictó una medida de no innovar y les prohibió a los ocupantes realizar cualquier tipo de arreglos o modificaciones en el inmueble. También dispuso una prohibición para el ingreso de nuevas familias.
Antes de concluir, les recordó a las familias que están cometiendo el delito de usurpación y que el período de un mes tiene como objetivo llevar adelante un desalojo ordenado y pacifico sin perjuicio de las gestiones que deben realizar ante los organismos del Poder Ejecutivo para encontrar una solución habitacional.
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