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Fiscalía citó a funcionarios rionegrinos por presunto pago de más por $1.100.000

 

Desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se citó al ministro de Gobierno de Río Negro, Luis Di Giacomo, este jueves y viernes, para que explique por un pago de más de $1.100.000 a una empresa por tareas de limpieza y zanjeo en el aeródromo de El Bolsón, informó el organismo de control. El fiscal Marcelo Ponzone (foto) convocó además a los miembros de la comisión técnica que ratificaron esa contratación.

“La razonabilidad del precio no tiene dictamen de la comisión”, señaló un informe de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y agregó que “la empresa facturó zanjeo perimetral por 5.000 metros aunque el inspector de Vialidad, usando el programa Google Earth, informó de 4.300 metros”.

“La citación será para este jueves y viernes y compromete a cuatro funcionarios del Gobierno de Alberto Weretilneck, entre el que más se destaca es el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, uno de los que “se quedaron”, luego de la derrota en las PASO”, puntualizó el comunicado difundido por Roberto Díaz, director de Prensa y Comunicación del organismo

“La investigación es por la gestión y el desembolso de parte del Ministerio que tutela Di Díacomo de más de un millón de pesos, cuya participación también es cuestionada por los órganos de control al considerar que la temática exigía la participación de Obras Públicas”.

“En su descargo, Di Giacomo relativizó las observaciones, ratificó que los trabajos se concretaron y fundamentó la urgencia de su realización en reclamos del ANAC. El informe gubernamental en el expediente reitera el apuro por la habilitación de la aeroestación frente a incendios forestales y justificó así el uso del procedimiento cuestionado”.

“El Tribunal de Cuentas elevó oportunamente el expediente para su investigación y un informe de la Fiscalía corroboró irregularidades, incluso “presume un perjuicio económico” para el Estado rionegrino”.

“A mediados del 2015, Gobierno pagó $1.149.500 por legítimo abono a la firma Miguel Piñeyro e Hijo, cuyos servicios discriminados serían $ 847.000 por limpieza de 30 hectáreas y $ 302.500 por apertura y limpieza de zanjeo perimetral de 5.000 metros”.

“Con los testimonios, el fiscal Marcelo Ponzone ya deberá resolver si desestima o promueve un juicio de responsabilidad en el Tribunal de Cuentas para determinar “el presunto daño al Estado y la responsabilidad de los funcionarios o agentes que lo hayan causado”.

“En el inicio, el Tribunal cuestionó la imprecisión de las labores pagadas y, luego, la auditoría fiscal entendió que no hay constancias que acrediten efectivamente que la empresa realizó” las labores abonadas, ni hay fecha cierta de su realización”.

“También, el órgano fiscal observó que a quien se le pagó tiene declarada una actividad ajena a la contratada –estaciones de servicios– y su inscripción fiscal figura en Chubut. Consideró que la utilización de un legítimo abono respondió a un contrato de hecho después de que la Fiscalía de Estado no permitiera un aporte no reintegrable para la Cooperativa Coopetel de El Bolsón para cumplir con esa limpieza”.

“Para el jueves y viernes próximo, el fiscal convocó a Di Giacomo y los miembros de la Comisión Técnica que ratificaron esa contratación. La razonabilidad del precio no tiene dictamen de la comisión, advierte el informe de la FIA. Además, consigna que la “empresa facturó zanjeo perimetral por 5.000 metros” aunque el inspector de Vialidad –usando el programa Google Earth– informó de 4.300 metros”.

“Entre sus observaciones, la auditoria informa que la certificación de obra fue emitida por el jefe del aeródromo, César Hidalgo, cuando se debía cumplir y emitir por parte de un organismo provincial, considerando de donde provenían los fondos. Fue un aporte no renovable que no fue aceptado por la Fiscalía de Estado”.

“En sus conclusiones, la auditoria –que sirvió a Ponzone para convocar a los funcionarios– precisa que “de la documental no surgen constancias que acrediten efectivamente que empresa realizó los presuntos trabajos realizados” “ni fecha cierta de realización”, por lo cual, “presume un perjuicio económico” al Estado provincial de $ 1.149.550”.

 

FOTO FISCAL MARCELO PONZONE

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