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En una audiencia judicial de control de acusación desarrollada el jueves, una mujer ofreció pagar $50.000 como retribución en favor de una pareja de estudiantes que alquilaban un departamento de la imputada. En 2016, los jóvenes viajaron de Cipolletti a Salta para pasar las fiestas de fin de año, le dejaron pagado a la dueña de la casa, pero ella volvió a alquilar el inmueble.
Ahora, los damnificados estuvieron de acuerdo con el pago del dinero por parte de la mujer, según se informó hoy oficialmente.
El fiscal del caso, Guillermo Merlo, explicó que la situación comenzó a finales de 2016, cuando una pareja de estudiantes salteños viajaron a la casa de sus familias en el Norte del país para compartir las fiestas de fin de año. “A pesar de pagar los meses de alquiler en tiempo y forma, a través de transferencias bancarias, la propietaria del inmueble – una mujer de 74 años – volvió a alquilar la vivienda a una tercera persona”.
Además de lo anterior, la Fiscalía sostuvo que la imputada se quedó con distintos elementos que estaban en el interior de la vivienda y que incluso entregó a modo de préstamo un televisor propiedad de los estudiantes para que sea usado por el nuevo inquilino. Lo anterior, se sustenta en que a partir de un allanamiento realizado en la vivienda de la acusada, se lograron recuperar algunos electrodomésticos y joyas que eran de los jóvenes.
En la audiencia desarrollada ayer, la mujer ofreció en principio como reparación económica para los damnificados la suma de $40.000 en cuatro cuotas.
Merlo trasladó esa propuesta a los jóvenes quienes solicitaron que el monto se amplíe a $50.000 con la posibilidad de ser pagados en cinco pagos. La imputada aceptó la metodología y el monto del pago por lo que se estará al cumplimiento de la totalidad del acuerdo a los fines de analizar la aplicación de un criterio de oportunidad.
Se dejó en claro que “en caso de incumplir – aun de forma parcial – con el convenio, la causa vuelve a su estado anterior y se continuará con la audiencia de control de acusación”.
La calificación legal del caso fue por el concurso de delitos de usurpación, daño, hurto y retención indebida, las cuales en principio prevén penas de cumplimiento condicional.
