Caso Solano: Legisladores piden al Gobierno de AW recursos para que expertos bajen al jagüel

 

Los legisladores rionegrinos Marcelo Mango y Carina Pita solicitaron al Gobierno provincial la necesidad de poner a disposición de la Justicia de Río Negro los recursos necesarios para garantizar el descenso y la extracción del contenido del jagüel ubicado en el campo “La Manuela”, tal como lo solicitó el fiscal de la causa, Daniel Zornita, para avanzar en el esclarecimiento de la desaparición de Daniel Francisco Solano, ocurrida el 5 de noviembre de 2011 en la ciudad de Choele Choel.

A continuación los extensos fundamentos de la propuesta parlamentaria de Mango y Pita.

Francisco Daniel Solano, un joven de 27 años de la comunidad indígena Misión Cherenta, viajó en el año 2011 desde Tartagal, provincia de Salta, hasta la localidad rionegrina de Lamarque para trabajar en  la temporada de raleo y cosecha de manzanas.

Llegó a la zona el 10 de octubre para comenzar con las primeras tareas en los montes de manzana. Fue reclutado por Agrocosecha S.R.L., que tercerizaba el servicio para la multinacional Univeg Expofrut SA, ubicada en la localidad de Lamarque.

Para las temporadas frutícolas del Valle Medio llegan todos los años alrededor de 400 trabajadores “golondrinas” para trabajar en esta empresa. Provienen de comunidades indígenas de la provincia de Salta y de barrios humildes de Tucumán y de Santiago del Estero. Los trabajadores son alojados en pésimas condiciones y en muchos casos no les cumplen las promesas salariales recibidas en sus localidades de origen.

La noche del 5 de noviembre de 2011 el joven Daniel Solano fue con un grupo de compañeros de trabajo al boliche bailable “Macuba” de la ciudad de Choele Choel, del que fue retirado de manera violenta por agentes de la policía, pasadas las tres de la mañana. Hasta el presente Solano se encuentra desaparecido.

La hipótesis señala que Solano fue capturado por un grupo de policías, vinculados a la empresa para la que trabajaba, para darle un escarmiento y en ese contexto habría sido asesinado. En los días previos a su desaparición el joven salteño había reclamado a la empresa por salarios impagos y por las malas condiciones laborales a las que él y sus compañeros estaban siendo sometidos.

En este caso se puso en evidencia el trato que reciben los trabajadores temporarios, la dudosa participación de firmas, como AgroCosecha SRL, que funcionan como empresas tercerizadas de grandes compañías frutihortícolas y la utilización de la policía provincial como fuerza de choque de dichas empresas contra los trabajadores que no se disciplinan a las directivas patronales.

Primeramente, la causa estuvo a cargo de la jueza Marisa Bosco y del fiscal Miguel Ángel Flores, pero a principios del año 2012 se los apartó de la investigación acusados de no haber hecho lo suficiente para dar con el paradero de Daniel Solano. La querella los acusó de ser cómplice del encubrimiento del crimen y desaparición de Solano.

La causa cayó entonces en un juez civil, desde ese momento dedicado exclusivamente al caso, Víctor Darío Soto, y en el fiscal Guillermo Bodrato. Con el correr de los días aparecieron indicios de la participación policial y así el juez Soto ordenó el 19 de julio de 2012 la detención de siete uniformados. Los policías fueron acusados de ser los autores materiales del crimen, estuvieron detenidos tres años y luego fueron liberados bajo fianza.

El caso Solano tiene una causa principal que es la del homicidio, vejaciones y privación ilegítima de la libertad. Durante el desarrollo de la causa declararon 400 testigos, 22 policías fueron imputados y a partir de diferentes denuncias de abusos policiales se desprendieron 25 causas conexas.

También intervino la Policía Federal por una denuncia de trata de personas con fines de explotación laboral y con participación de miembros de Gendarmería Nacional se hicieron pericias que permitieron constatar construcciones sospechosas en la unidad policial de Choele Choel.

El 4 de mayo de 2012, el señor Gualberto Solano, en atención a la información que le brindan sus abogados sobre la investigación realizada por la querella, denunció ante el Fiscal Guillermo Bodrato, que hubo una “orden” y la consecuente planificación y ejecución del homicidio de su hijo Daniel, sindicando como “asesinos” a los agentes de la policía Sandro Berthe, Juan Barrera, Pablo Bender y Héctor Martínez, quienes se lo llevaron esa madrugada del 5 de noviembre de 2011.

Agrega que los dueños de Agrocosecha Adrián Lapenta, Pablo Mercado, Gustavo Lapenta “son participes necesarios y autores ideológicos del encubrimiento y de la muerte de su hijo”, solicitando se adopten las medidas del caso y de todas las personas mencionadas en la denuncia.

El 13 de junio de 2012, la querella eleva un escrito al Juez Soto en el que plantea claramente ante el Juez de Instrucción lo que considera el funcionamiento de una asociación ilícita integrada por los dueños de la Empresa Agrocosecha y otras personas, entre ellos policías, funcionarios de la Delegación de Trabajo de la localidad de Lamarque, y directivos de EXPOFRUT. Esta asociación ilícita denunciada por la querella, tenía como actividad delictiva principal, la de realizar una continua estafa laboral a los trabajadores que Agrocosecha Argentina S.R.L. tercerizaba para la empresa Univeg Fruit Argentina S.R.L, apropiándose de parte de los haberes mediante el pago de una suma inferior a la liquidación efectuada por la empresa Univeg Fruit Argentina S.A. Para la querella está probado que Daniel Solano fue víctima de una estafa laboral, planificada y ejecutada por los miembros de la asociación ilícita denunciada, y esa estafa es la razón de su asesinato y desaparición.

Es la necesidad de encubrir esa actividad delictiva”, continúa la denuncia, “lo que constituye el móvil del asesinato de Daniel Solano, es decir, que ante la posibilidad de una queja generalizada de los trabajadores por el cobro de los haberes del mes de octubre encabezada por la víctima, los señores Adrian Lapenta, Gustavo Lapenta y Pablo Mercado ‘ordenaron’ a sus cómplices el homicidio de Daniel Solano en esa madrugada del día cinco de noviembre.”

En fecha 18/01/12 la querella presentó ante el fiscal Guillermo Bodrato formal denuncia penal contra 34 personas, siendo una de ellas la titular del juzgado penal 30 Dra. Marisa Bosco, por considerarla “incursa en las presuntas conductas delictivas de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y obstaculización de un proceso judicial.”

Por otro lado, el Dr. Leandro Aparicio, en representación legal de trabajadores norteños, presentó en marzo de 2015, una denuncia en la Delegación de Trabajo de Lamarque, en momentos en que dichos trabajadores se encontraban en conflicto con la empresa “Trabajo Argentino” S.A. contratada por Expofrut para la tercerización laboral. En esa oportunidad, el letrado patrocinante de los trabajadores denunció a la Dra. María Cecilia Constanzo, Asesora Legal de las Delegaciones de Trabajo de Lamarque y Chimpay, y al Señor Oscar Cornejo, Ex – Delegado de Trabajo de Lamarque, como integrantes de la asociación ilícita que comandaban los hermanos Lapenta con Pablo Mercado.

La denuncia del Dr. Aparicio también consideró que la asociación ilícita “comete el delito de trata de personas con fines laborales”, y este delito, además de ser considerado una violación a los derechos humanos, está vinculado al crimen organizado ya que requiere el accionar encadenado de múltiples actores (quien realiza el ofrecimiento de “trabajo”, quien hace la documentación; quien traslada, quien recibe en el lugar de explotación, quien explota, etc., etc.). Y asimismo adjudica responsabilidades, por acción u omisión, a quienes facilitaron el accionar de estos “delincuentes explotadores”, como por ejemplo los gobiernos de las provincias de Salta y Río Negro, cuyas secretarías laborales no realizaban los controles correspondientes. Es decir que, en opinión del letrado, los hechos denunciados no constituyen un simple reclamo laboral, sino que son todos de una extrema gravedad y que servirán como prueba suficiente en la causa donde se investiga una estafa laboral de cifras millonarias.

Según explicita la defensa de Solano, la “estafa laboral” y la “apropiación”, se llevaba a cabo mediante la siguiente metodología: “los fondos dinerarios que la Empresa EXPOFRUT remitía a AGROCOSECHA para ser destinado al pago de los haberes de los trabajadores y los correspondientes aportes patronales que estipula la legislación vigente, eran apropiados por los propietarios de AGROCOSECHA, Adrian Lapenta, Gustavo Lapenta, Pablo Mercado, adulterando directamente los recibos de haberes haciendo figurar menos días trabajados, sean estos bajo la forma de “destajo” o jornadas normales, efectuando una liquidación inferior a la planilla de producción realizada por el sector administrativo de EXPOFRUT. También EXPOFRUT es víctima de este accionar, porque los denunciados se quedaban con parte del coeficiente que EXPOFRUT remitía para cubrir los aportes laborales, es decir, los setecientos pesos que se sumaban cada mil. Sin duda, el Estado Nacional y provincial también son víctimas por la evasión en los aportes laborales y los impuestos correspondientes.”

El 26 de julio de 2013, la querella presentó un escrito al Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, con copia al gobernador de Río Negro, al legislador Sr. Ricardo Arroyo, al secretario de Seguridad, al jefe de la Policía y a la procuradora general de provincia, a través del cual se denunció “nuevamente” la conformación de un grupo policial irregular en la Comisaría 8va. de Choele Choel, denominado “BRIGADA DE INVESTIGACIONES DE LA UNIDAD 8VA”. Según lo que consigna el escrito, esta Brigada de Investigaciones estaba conformada por las mismas personas que habían participado de la desaparición de Daniel Solano.

En conclusión de la querella “Esta organización delictiva estaba perfectamente organizada en su funcionamiento: La empresa AGROCOSECHA como el motor para generar los recursos dinerarios bajo la figura de una explotación empresarial comercial; la protección judicial de la Dra. Bosco y el Fiscal Flores; la policía como ‘brazo’ armado para disciplinar a los trabajadores, siendo esta función la de Raúl Aramendi como Comisario de la Unidad 17 de Lamarque; la Dra. Constanzo y Oscar Cornejo garantizando la impunidad administrativa ante la posibilidad de reclamos laborales en la Delegación de Trabajo de Lamarque y, por supuesto; la participación de Directivos de EXPOFRUT para garantizar el ‘no control’ sobre el monto real de los haberes que cobraban los trabajadores… La Ex – Juez Marisa Bosco, el Fiscal Miguel Ángel Flores, con la intermediación de la Dra. María Cecilia Constanzo, tenían la función de evitar que a los trabajadores de la empresa que fueren denunciados se les instruya una causa penal…Ningún conflicto tenía que poder alterar la continuidad del contrato con EXPOFRUT, había cuidar las ‘ganancias’ producidas de los honorarios por el pago del servicio, el dinero apropiado a los trabajadores, y el dinero obtenido de la evasión impositiva y de aportes sociales.”

En este sentido, la querella aporta la declaración testimonial del trabajador Mateo Díaz, quien al ser preguntado manifestó: “que sí tengo conocimiento que justamente uno que está conmigo acá, fue garroteado por la policía, y le pegaron muy feo, que en ese momento no recuerdo el nombre. Que le pegaron porque quiso hacer un reclamo de plata que le faltaba, que lo golpearon en la gamela II de Expodrut en el año 2011… lo que me llamaba la atención que los policías los llevaban detenidos, y al otro día Mercado los sacaba de la comisaria, que le avisaba a Mercado de la detención de un compañero y al otro día Mercado hablaba con los policías y los largaban, que esos muchachos no usaban abogados”.

Otras declaraciones testimoniales con la cual la querella entiende que se ratifica el papel de agentes policiales de la provincia en este entramado, es lo que afirmó el testigo Rafael Tufiño el 12 de abril de 2012. Al respecto afirmó:“Que al momento de pagarles era en las oficinas de Agrocosecha o a veces en las gamelas y siempre y siempre estaban presentes seis policías del BORA. Que cuando algunos de los changos se quejaba, ‘no les daban tiempo a quejarse’, porque enseguida intervenían los BORA y decían ‘retirate, retirate de acá’y lo sacaban o les pegaban.”Un testigo de identidad reservada declaró que “Hay mucha gente que trata de vendernos cosas, a los que les digo pirañas, pero si compramos se nos va toda la plata. En otros lugares te fían, pero después para cobrar salí pagando cualquier cosa, mucho más de lo que debés y no podés quejarte, denunciar o hablar, porque si no la policía te recaga a palos. Una vez Carrizo que es una persona mansa filmó una golpiza de la policía a una persona y le sacaron el chip, y si no fuera por un compañero le hubieran pegado más de lo que le pegaron dentro del galpón…Yo me enteré de la desaparición de Solano y enseguida pensamos que lo había matado la policía, por la forma en que la policía trata a los norteños…la policía es muy discriminadora y violenta con el norteño y el resto de la gente también discrimina.”

Es manifiesto el gran esfuerzo que desplegó la querella durante estos años para recolectar la mayor cantidad de pruebas que confirman no solo la defraudación laboral, de la cual fue víctima Daniel Solano, sino también los responsables de su muerte y posterior desaparición.

Producto de la propia investigación, la querella tiene la firme sospecha que el cuerpo de Daniel Solano fue arrojado a un “jagüel” ubicado en un campo denominado  “La Manuela”, distante 28 km de Choele Choel, más precisamente en el kilómetro 977 de la Ruta Nacional 22. Es por ello que en reiteradas oportunidades, a lo largo de todo el proceso, se ha solicitado se permita el descenso al jagüel, petición sistemáticamente negada por la justicia.

Después de la intervención del juez Soto, la causa paso a manos de la jueza Natalia Costanzo y tras su alejamiento al juez Julio Martínez Vivot.

A principios de agosto del 2015, se clausuró la etapa de instrucción y el juez Martínez Vivot elevó la causa a juicio, pero el fiscal Guillermo Bodrato planteó la incompetencia calificando el caso como un delito de “desaparición forzada de persona”. A raíz de ello el Juez solicitó la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine la competencia del caso, ya que si se considera el hecho como desaparición forzada de persona, debería ser juzgado por la justicia federal y no por la justicia provincial como pretendía la querella.

En los últimos día se han producidos importantes novedades en relación a la causa sobre la desaparición de Daniel Solano.

En primer lugar, el 27 de junio del corriente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dispuso mediante dictamenfirmado por el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y los vocales Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, que: “Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor procurador fiscal a los que corresponde remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado de Instrucción Penal N° 30 de Choele Choel, Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, al que se le remitirá. Hágase saber al juzgado Federal de General Roca”. En consecuencia el dictamen de la CSJN Nación, hizo lugar a la decisión adoptada por la procuradora de la nación , Alejandra Gils Carbó, que en noviembre del año pasado, se había pronunciado por la negativa de la justicia Federal de hacerse cargo del caso, basándose principalmente en los tiempos que había llevado el proceso judicial (cinco años) y que el cambio de competencia produciría una demora innecesaria, atentando contra los derechos la familia de la víctima.

La otra novedad importante es que  “En las últimas horas, el fiscal Daniel Zornita, hizo el pedido al Juez de Garantías, Roberto Gaviña, para que ‘se allane el campo denominado La Manuela (…) a efectos de que se constituya en el lugar y se proceda a la extracción del contenido del Jagüel de dicho campo’, argumentando que fue una medida solicitada por la querella en reiteradas oportunidades y a la que se hizo caso omiso.

Además solicitó ‘se convoque a personal de la Gendarmería Nacional de la Agrupación XII Comahue, a efectos de garantizar la realización de la medida’.”(http://www.enestosdias.com.ar/1257).

Corresponde ahora al Juez de Garantías resolver la solicitud del elevada por el fiscal.

Transcurrido casi seis años de la desaparición de Daniel Solano sin que se sepa dónde está y a la luz de las investigaciones realizada por la querella, podemos afirmas que el Estado provincial tiene una deuda pendiente no solo con los familiares de Daniel Solano sino también con la sociedad toda. Sobre todo si tenemos en cuenta que quiénes se encuentran involucrados en el caso, son integrantes de la Policía de Río y agentes del Poder Judicial rionegrino.

Ante esta oportunidad de llevar a juicio a los policías acusados de haber asesinado y desaparecido a Daniel Solano, en función de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, es que solicitamos al Poder Ejecutivo provincial poner a disposición de la justicia los recursos necesarios para garantizar el descenso y la extracción del contenido del jagüel ubicado en el campo “La Manuela”, tal como lo viene peticionando la familia de Daniel, sus representantes legales y el fiscal Daniel Zornita.

 

 

 

About Raúl Díaz

Check Also

Otra leyenda rionegrina. La tropilla de la Laguna Azul, jinetes y caballos invisibles

  Meseta de Somuncurá, secretos misteriosos, páramo perdido, escala primordial, azulada latitud, viejos mitos, antiguas …