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El fiscal viedmense Juan Pedro Peralta formuló cargos contra dos menores de edad por delitos producidos en varios hechos que ocurrieron durante el fin de semana en la ciudad y solicitó el alojamiento de ambos en una institución de protección.
En la audiencia, que se realizó ayer, la Fiscalía detalló los hechos que comenzaron el sábado a la madrugada cuando, según la acusación, portando un arma 9 mm que había sido denunciada como robada, los jóvenes efectuaron disparos contra una vivienda y amenazaron a uno de los ocupantes.
El domingo, uno de ellos ingresó a otro domicilio, dentro del cual agredió a sus propietarios, a quienes robaron una motocicleta. Finalmente, y en uno de los allanamientos realizados en el marco de la investigación de la causa, uno de los jóvenes opuso resistencia a la acción policial agrediendo a un agente de la Policía.
Los diversos delitos fueron tipificados como tenencia de arma de guerra, amenazas, robo agravado por el uso de arma de fuego y resistencia a la autoridad. A los dos jóvenes se los considera coautores de los hechos más graves: a uno se le imputa la tenencia y al otro la resistencia a la autoridad.
Durante la mañana del domingo se realizaron seis allanamientos en los cuales la Policía de Río Negro -dentro de la vivienda de uno de los imputados- secuestró un arma de iguales características a la utilizada y documentación de uno de los damnificados del robo. Además, personal del Gabinete de Criminalística secuestró vainas servidas, por lo que la Fiscalía solicitó el cotejo de dicho material para corroborar si fueron realizados por el arma secuestrada.
La defensa, tanto técnica como de menores, tuvo una fuerte intervención en la audiencia, según fuentes judiciales.
La defensora Patricia Arias recordó que la provincia no cuenta aún con normativa específica ante la comisión de delitos por parte de menores y, en función de dicha carencia, adelantó que se expone al Estado a ser susceptible de condenas internacionales.
Graciela Carriqueo solicitó que no se implique a su defendido en el robo agravado. Ante ello, la Fiscalía respondió con el pedido de una prueba odorológica para cotejar los rastros levantados en la motocicleta y pericias sobre el arma y la documentación que estaban en poder del chico, entendiendo que aunque uno sólo ingresó a la vivienda, todos los elementos fueron hallados en la casa del otro imputado.
Por su parte, Arias solicitó el sobreseimiento sobre el hecho de resistencia, entendiendo que un menor de edad no puede ser juzgado por el mismo, la respuesta de la Fiscalía fue que los hechos se imputan de manera unificada y no de forma aislada.
La Fiscalía, representada por Peralta y la adjunta Maricel Viotti Zilli, detalló que para probar todo ello, al día de la fecha, cuentan con declaraciones testimoniales de las víctimas, de testigos y certificados médicos que acreditan las lesiones sufridas tanto por la pareja damnificada por el robo de la moto como por el policía.
En este sentido, el juez de Garantías, Juan Martín Brussino Kain, dio por formulados los cargos tal como solicitó la acusación y, oponiéndose parcialmente a lo argumentado por la defensa de Menores, hizo lugar al pedido de la fiscalía, disponiendo para los jóvenes “su internación provisional durante un plazo en el cual debe obtenerse un plan de abordaje integral” para la atención de ambos.
Además, al tiempo que hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal de extender por un mes la investigación, requirió que la prueba pendiente se realice con la mayor celeridad posible.
¿Qué plantea la defensa?
En torno a la imputación de menores, Patricia Arias destacó en el marco de la audiencia -antes incluso de que comience la formulación de cargos- que este nuevo Código Procesal Penal omite “la situación de todas las personas menores de edad que incurran en un hecho delictivo”.
“Ello genera que en la provincia de Río Negro las personas menores de edad sean tratadas como adultos, en franca violación a todos los principios del régimen penal juvenil, tratados, normas internacionales y jurisprudencia de la CIDH”.
“La falta de previsión de los jóvenes en el sistema acusatorio expone a nuestro país a ser denunciado internacionalmente, una vez más, por no cumplir con la normativa de protección integral de derechos y no adaptar la normativa interna a los estándares del sistema penal juvenil”.
Además, y con relación al requerimiento de la fiscalía de alojamiento en una institución del Estado que fue receptada por el juez aunque con diferencias en el plazo, Arias destacó que “la privación de libertad de los jóvenes sólo puede fundarse en la existencia de riesgos procesales”.
“Si lo que se trata es de una situación de vulnerabilidad de derechos es el Estado quien a través del organismo de protección de derechos deberá articular las medidas de protección necesarias a través del Juzgado de Familia y la Defensora de menores del fuero específico y no, de la justicia penal”.
“No se protege a nadie encerrándolo”, finalizó la representante de la Defensa Pública rionegrina.
