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En los próximos días, la Justicia rionegrina difundirá la sentencia dictada respecto de la escribana María Alejandra Aguirrezabala, quien fue sometida a juicio semanas atrás con intervención de la Cámara Criminal Segunda de Bariloche. Se la acusa de la sustracción de $1.243.000 entre los años 2001 y 2006, pero actualmente esa suma alcanza, intereses mediante, es de $10.000.000, según estimaciones judiciales.
En ocasión de formular sus alegatos, el fiscal barilochense Martín Lozada sostuvo que había sido probado, más allá de toda duda razonable, que la escribana fue la autora penalmente responsable de 47 hechos de peculado.
La plata, que tenía carácter público, era recaudada por la escribana en concepto de impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios del Registro de la Propiedad Inmueble y pese a que tenía la obligación legal de depositarlos en una cuenta abierta del Banco Patagonia, “lo cierto fue que los sustrajo”, destacó Lozada.
Como prueba del interés y de la expectativa del fisco provincial, estuvieron presente durante la audiencia el actual director provincial de la Agencia de Recaudación Tributaria (ex-DGR), así como los asesores legales de esa agencia en Bariloche.
El fiscal jefe barilochense solicitó se la condene a la pena de seis años de prisión efectiva. Requirió, además, se la inhabilite de modo absoluto y perpetuo, a fin de que en lo sucesivo no ejerza la calidad de escribana pública.
Respecto de dicha penalidad Lozada sostuvo que: “El legislador así lo ha estipulado por considerar que el agente, en este delito, omitió deliberadamente cumplir con los deberes de honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. Todas cualidades indicadas en la Ley de Ética Pública”.
