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El 12 de junio, en juicio, la Fiscalía de Cipolletti buscará probar que el 28 de agosto de 2015, tres sujetos, de los cuales sólo uno logró ser identificado, ingresaron a la sede de la empresa Pollolín de calle San Luis en Cipolletti,para robar y llevaron $940.000.
El miércoles pasado, se desarrolló la audiencia preliminar en el marco del juicio en el que un individuo se encuentra imputado por el hecho. Entre las principales pruebas ofrecidas por la Fiscalía se encuentran filmaciones de lo sucedido. La calificación legal del hecho prevé penas de cumplimiento efectivo.
El fiscal Guillermo Merlo y el defensor particular, Federico Diorio, participaron de la audiencia desarrollada ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Cipolletti.
El fiscal ofreció la posibilidad de continuar el juicio bajo la modalidad de abreviado, siempre y cuando el imputado acepte ser responsable del hecho y esté de acuerdo con la calificación legal propuesta por la fiscalía. Lo anterior, fue rechazado por la defensa del procesado.
Superado ese punto, se procedió a realizar el ofrecimiento de pruebas. La Fiscalía destacó particularmente durante la investigación se recabaron registros fílmicos que comprometerían al acusado.
Por otro lado, el representante del Ministerio Público Fiscal también ofreció ocho testigos que abonarían su teoría acusadora, además de informes técnicos elaborados por el Gabinete de Criminalística local, de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro, informes de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General y del Registro Nacional de armas.
Durante el hecho,mediante acciones intimidatorias con armas de fuego, encerraron a empleados de la firma y se hicieron con un botín de $940.000 para posteriormente darse a la fuga en un vehículo.
En cuanto a la calificación legal del caso, el fiscal entendió que se trata de un robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en lugar poblado y en banda en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y con portación de arma de fuego sin la debida autorización legal. Dicha calificación legal prevé penas que irían desde los 10 años de prisión, por lo que indefectiblemente, serían de cumplimiento efectivo.
FOTO CIPOLLETTI DIGITAL
