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En la provincia de Río Negro hay siete Saladitas registradas, con 1.346 puestos y 756 manteros y, según recientes relevamientos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Bariloche llegó a ubicarse décima entre las ciudades con mayor cantidad de vendedores ilegales, en un ranking que encabeza la ciudad de Buenos Aires. Y El Bolsón tiene un puesto de venta ilegal cada 41 ciudadanos (en Viedma es uno cada 307). Estos datos fueron difundidos ayer por la Cámara de Comercio de Viedma, que reclamó a las autoridades que efectúen controles sobre esos sectores de venta informales. A continuación el comunicado de la entidad comercial viedmense
Manteros: Viedma tiene la gran oportunidad de prevenir
Los enfrentamientos ocurridos en la metrópoli porteña entre los llamados manteros y las fuerzas de seguridad, con situaciones graves de violencia, son una demostración de que el antagonismo comercio legal vs. el ilegal había llegado demasiado lejos. Se nos presenta entonces el conocido dicho de “más vale prevenir que curar” y en ese sentido desde la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Viedma exhortamos a las autoridades a que se lo aplique entre nosotros sin demora, aprovechando que las condiciones bien lo permiten ahora. Luego puede ser muy complicado.
Se está sin duda ante una problemática de carácter laboral y social, que no desconocemos y aquí nos referimos a quienes, en un momento de dificultades, están necesitados de trabajo. Pero las cosas deben hacerse ordenadamente y dentro de la legalidad, y para no perjudicar a aquellos comerciantes que, cumplidores de sus obligaciones, aunque agobiados por la sostenida presión fiscal, ven caer a diario sus ventas, corriendo el riesgo de llegar a tener que cerrar sus puertas o de verse forzados a reducir las fuentes laborales, lo que hace que sus propios trabajadores puedan quedar desempleados.
Concretamente, qué es lo que se pide: Que se lleven a cabo controles para diagnosticar la realidad del problema en Viedma y, en base al resultado obtenido, normalizar y regular con anticipación la situación de los “irregulares”, dentro de las normas vigentes o las que deban dictarse a tal efecto.
Y hacemos hincapié en el tema inspecciones, porque de las encuestas de CAME en todo el país surge un fuerte reclamo por la insuficiencia o inexistencia de las mismas. Esto, según CAME, se presenta por ejemplo en Las Grutas “y por ese motivo –expresa–, el comercio ilegal aumenta en cada temporada estival cuando la ciudad queda poblada de vendedores ambulantes y manteros sin permisos municipales”. Por otra parte, hay ciudades que cuentan con ferias artesanales que combinan artesanías con reventa de productos típicos de saladitas. Y, además, hay muchas ciudades del país donde, si bien no hay saladitas ni manteros, abundan otras modalidades, como los vendedores ambulantes o a domicilio.
Río Negro, sin ser hoy de las más comprometida a nivel país, cuenta con 7 saladitas registradas, con 1.346 puestos y 756 manteros. Pero no deja de presentar situaciones complicadas, tanto es así que, según recientes relevamientos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Bariloche llegó a ubicarse décima entre las ciudades con mayor cantidad de vendedores ilegales, en un ranking que encabeza la Ciudad de Buenos Aires. Y, a su vez, El Bolsón tiene 1 puesto de venta ilegal cada 41 ciudadanos (en Viedma es 1 cada 307).
Y no olvidemos a la calle Buenos Aires
Y por último cabe abordar el tema de la calle Buenos Aires. Al margen de las dificultades que ha presentado su construcción, está llamada a ser un moderno centro comercial a cielo abierto, que dará impulso a la actividad y se convertirá en un atractivo más de la ciudad, inclusive a nivel turístico. Por eso, como representantes del sector, y como viedmenses, nos interesa sobre manera que no se transforme en escenario de la ilegalidad.
También acá ponemos el acento, porque ya se observan en la zona ventas callejeras de artículos de cuyo origen se duda, lo que está demandando sin demora la intervención de inspectores que realicen los controles pertinentes, determinando su legalidad, así como el cumplimiento de las normas y obligaciones vigentes.
Es decir, no nos oponemos, pero, como antes señalamos, que todo sea en forma ordenada y respaldado por la legalidad.
