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La jueza Laura Fontana, de General Roca, rechazó la demanda por $1.035.000 que presentó contra la provincia de Río Negro una familiar de un preso que estaba alojado en el Establecimiento de Ejecución Penal 2, anexo ex Maruchito, y que sufrió el ataque de un interno que le provocó la muerte. Ese hecho ocurrió el 26 de agosto de 2012.
De un reciente expediente judicial se desprende que el recluso se encontraba alojado en el Instituto el Maruchito por una condena de 12 años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vinculo y en relación a su hija”.
El lunes pasado, la jueza Fontana desestimó la demanda porque señaló, entre otras consideraciones, que de la causa penal y como resultado de la investigación “no se ha podido determinar cual o cuales de los internos habría participado en el homicidio, lo que dificulta determinar los móviles y/o circunstancias en las que se produjo la muerte”.
La familiar fundamentó que de las actuaciones “Establecimiento de Ejecución Penal Nro. 2 de General Roca sobre investigación homicidio(expediente nro. 2RO-1980-P2012) existen constancias que (el entonces interno) fue encontrado lesionado aparentemente por un elemento cortante a las 20.13 horas en un pasillo próximo al taller de carpintería del establecimiento, y falleció cuando era trasladado al hospital”.
Que se enteraron porque su nuera lo escuchó en su radio y fue ella junto con su hijo quien le avisaron a la cónyuge, vía telefónica, del fallecimiento, quedando en estado de shock.
También que nadie comunicó a fin de dar aviso oficial del modo de la muerte a ningún integrante de la familia y que no podía el personal del establecimiento desconocerlo ya que los fines de semana iban a visitarlo en horario de vistas.
“Patricio contaba con permiso para poseer un teléfono celular por lo que tenia comunicación con la familia y que el mismo se encontraba muy cerca de obtener el beneficio de salidas transitorias debido al tiempo para la pena que estaba cumpliendo, habiéndose realizado el informe por la asistente social para que viniera y la empresa Kleppe había arreglado para ser su empleadora”.
El expediente difundido el lunes pasado puntualiza que el ex interno se encontraba en el periodo de prueba, en condiciones de lograr salidas transitorias y que ello no se pudo concretar hasta tanto lograra que su hijo tuviera una residencia distinta, ya que no podía usufructuar beneficios penitenciarios en un domicilio donde hubiesen menores de edad, en función del delito por el cual estaba condenado (promoción de la corrupción de un menor agravada por el vinculo y por el empleo de violencia en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal de menor también agravado por el vinculo y por el empleo de violencia).
