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Una médica fue condenada en Bariloche a tres años de prisión condicional e inhabilitación especial por 10 años para ejercer medicina clínica y realizar guardias médicas, por el homicidio culposo de Thomás Octavo, adolescente de 17 años que falleció en octubre de 2022 tras regresar de su viaje de egresados a Bariloche.
La sentencia fue homologada esta semana en el marco de un juicio abreviado. La imputada reconoció su responsabilidad penal y aceptó la calificación legal y la pena acordada entre la Fiscalía, la querella y la defensa.
Según la acusación fiscal, el joven falleció el 25 de octubre de 2022 a causa de una falla multiorgánica derivada de un cuadro de sepsis por streptococcus pyogenes. Para la Fiscalía, el desenlace fue consecuencia de una serie de omisiones en la atención médica recibida durante la evolución de la enfermedad.
En relación con la médica condenada, se le atribuyó haber atendido al adolescente el 24 de octubre de 2022 en una unidad sanitaria de Valentín Alsina, en la provincia de Buenos Aires. Según la acusación, pese a que la familia informó que el joven llevaba varios días con fiebre, dificultades respiratorias y otros síntomas compatibles con un cuadro infeccioso grave, la profesional omitió realizar un examen físico completo y no solicitó estudios complementarios básicos.
La investigación sostuvo que esa conducta no se ajustó a la práctica médica esperable frente al cuadro clínico que presentaba el paciente. Los informes periciales incorporados al legajo concluyeron que una evaluación adecuada y un tratamiento oportuno con antibióticos podrían haber modificado el curso de la enfermedad.
Entre la evidencia presentada por la Fiscalía se incorporaron la historia clínica y la epicrisis de una clínica, donde el adolescente ingresó horas después en estado crítico con shock séptico y falla multiorgánica, además de informes del Cuerpo Médico Forense y del Cuerpo de Investigación Forense. Los especialistas concluyeron que la médica omitió estudios básicos que resultaban necesarios frente al cuadro que presentaba el paciente y que una intervención temprana podría haber cambiado el desenlace fatal.
También declaró la mamá y profesionales médicos que participaron de la atención posterior del joven, quienes describieron la evolución del cuadro clínico y las condiciones en las que ingresó a terapia intensiva.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal explicó que la causa se investigó en Bariloche debido a que los primeros hechos vinculados al caso ocurrieron durante el viaje de egresados realizado en esta ciudad, donde el adolescente comenzó con síntomas y recibió las primeras atenciones médicas. También se mencionó que inicialmente existió un conflicto de competencia con la justicia bonaerense y de CABA, que finalmente declinó la investigación a favor de la Justicia rionegrina.
La querella acompañó el acuerdo alcanzado y señaló que trabajó de manera conjunta con la Fiscalía durante toda la investigación, acompañando a la madre del adolescente en el proceso judicial.
Al homologar el acuerdo, el juez consideró acreditada la existencia de múltiples infracciones al deber de cuidado y sostuvo que la evidencia reunida permitía concluir que una atención médica adecuada “muy probablemente hubiera cambiado el destino” del joven. También destacó el reconocimiento de responsabilidad efectuado por la imputada durante la audiencia.
Además de la pena de prisión condicional, la acusada deberá cumplir reglas de conducta durante tres años, entre ellas fijar domicilio, informar cualquier cambio de residencia o teléfono y presentarse periódicamente ante el organismo de control correspondiente. La inhabilitación dispuesta le impide ejercer medicina clínica y realizar guardias médicas, aunque podrá continuar desempeñándose en su especialidad de psiquiatría.
La sentencia aún no adquirió firmeza, ya que las partes no renunciaron durante la audiencia a los plazos legales previstos para la presentación de eventuales impugnaciones.
Minutos más tarde estaba convocada una audiencia de control de acusación respecto del resto de las personas imputadas en el legajo -un coordinador y quien manifestó ser médico sin serlo en realidad-. La instancia fue suspendida a pedido de una defensora pública penal, en función del procedimiento abreviado homologado realizado previamente respecto de la médica.
Presunta falsificación de documento público: investigación y solicitan traslado al fuero federal
El Ministerio Público Fiscal solicitó en General Roca que el fuero federal tome intervención en el legajo iniciado contra una mujer que habría ejercido de manera ilegal la medicina.
En una audiencia la Fiscalía describió todas las medidas concretadas hasta este momento que le permiten realizar tal pedido.
“Solicitamos la declaración de incompetencia de la Justicia provincial ya que los tres documentos que forman parte de esta investigación: el título que habría obtenido en la Universidad de Los Andes de la República Bolivariana de Venezuela como médica cirujana; la certificación de la supuesta convalidación en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina y por último el documento que la Universidad del Comahue habría expedido para que ejerza como médica, se desprenderían de resoluciones apócrifas que deberían haberse emitido de organismos nacionales. Por ello es que este legajo corresponde a la órbita de la Justicia Federal”, explicó el equipo fiscal.
Detalló además que, desde la presentación de la denuncia por parte del Ministerio de Salud rionegrino, se concretaron diversas medidas de investigación.
Primero, se realizaron allanamientos en el domicilio de la mujer denunciada y de un familiar, así como diligencias en centros de salud de General Roca, que aportaron voluntariamente la documentación requerida. Se secuestró documentación —incluyendo títulos, sellos, recetarios—, medicación, dispositivos electrónicos y registros vinculados a la actividad médica.
A raíz del análisis de dichos elementos la Fiscalía realizó entrevistas con el secretario general de la universidad venezolana, que informó que la mujer no fue alumna de esa casa de estudios. “A dicho referente se le mostró el título que la mujer poseía y señaló que ese documento no pertenecía a la universidad. Agregó que para que ese título sea válido fuera de su país tiene que tener apostillado de La Haya y haber sido registrado en la cartera educativa nacional, cuestión que tampoco ocurrió. Por ello es que se ha podido establecer que el título de médico es falso”, dijo la fiscalía.
Seguidamente, se concretaron las averiguaciones en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, y se verificaron que los pasos a seguir para convalidar un título del exterior no coinciden con lo que la mujer ha presentado.
“Nada de lo que señalan las resoluciones y convenios con universidades extranjeras aparece en el documento exhibido. Es más, con fecha de 7 de abril de 2020, presenta un encabezado donde se puede leer ‘Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación’ y se le otorga de manera directa la convalidación como medica cirujana. Cuestión que tampoco coincide con lo requerido por nuestra nación para realizar ese trámite”, explicó la fiscalía.
También se mencionó lo investigado a través de la Dirección de Títulos y diplomas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
“Desde la UNCo se indicó que al no poseer convenio de colaboración académica con el Ministerio de Educación de la Nación -cuestión que es exigida para la convalidación según la resolución 3720-E/2017- es imposible que dicha institución haya actuado como instancia evaluadora que habría permitido el acceso al título de esta mujer”, describió el Ministerio Público Fiscal.
Seguidamente el equipo fiscal agregó la documentación referida al informe de Migraciones y referenciaron que la mujer en cuestión nunca estuvo en la República Bolivariana de Venezuela, siendo requisito obligatorio del plan de estudios que habría cursado para graduarse como médica, haber realizado los últimos 2 años de carrera de manera presencial y haber acreditado residencias en hospitales de dicho país.
Tras escuchar a la defensa particular de la señora, la jueza de Garantías interviniente expresó que su resolución se dará a conocer el martes 26 mayo a las 12.30 horas.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de Río Negro
