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El Instituto de la Vivienda de Río Negro tiene registradas 12.903 cuentas vigentes por planes de casas, de las cuales 7.051 están morosas con tres o más cuotas mensuales, según un reciente informe oficial.
El total de deuda vencida llega a los 4.152 millones de pesos y el recupero por cobro de las cuotas mensuales es de 65 por ciento, en el año pasado.
De ese modo, bajó la cobrabilidad y creció la morosidad en las cuotas del IPPV, según las últimas estimaciones.
Las construcciones habitacionales continúan desaceleradas. El último registro indica que las edificaciones actuales de planes Casa Propia y Habitar en la provincia suman 150, repartidos en 16 grupos.
Además, hay obras de servicios por Suelo Urbano en 761 lotes, distribuidos en Choele Choel (232), Cinco Saltos (222), Bariloche (189), Sierra Grande (60), Cervantes (36) y Aguada de Guerra (22).
En los planes Suelo Urbano hay 1.055 cuentas y la morosidad es con tres o más meses impagos en 489 titulares de terrenos que se beneficiaron con construcciones de servicios e infraestructura. El nivel de incumplimiento informado llega al 46 por ciento.
En el año 2024, el IPPV implementó un programa de regularización de deuda que facilita el pago con el prorrateo de la morosidad a través del refinanciamiento del plan. Se eliminó el cobro por la deuda y se instrumentó una forma de pago en cuotas, según la capacidad del adjudicatario.
En paralelo, se inició el mecanismo de retención de la obligación de los recibos de sueldos para quienes son empleados públicos.
Por entonces, el interventor del IPPV, Mariano Lavin informó que un millar de estatales -entre la provincia y los municipios- figuraban como morosos, es decir con tres o más cuotas adeudadas. Después, con la consolidación de la obligación, el Instituto procedió al descuento directo de las planillas de sueldos de 700 agentes públicos con obligaciones pendientes.
En las nuevas adjudicaciones de casas, la retención automática se incorpora en las firmas de los convenios de adjudicación.
Muchos expresan que miles claman para que les “den” una vivienda, pero cuando les adjudican casi inmediatamente suspenden los pagos, total no les exigirán a corto plazo para que abonen la deuda. Y así, se diluyen las posibilidades del IPPV de construir unidades habitacionales.
