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Una nueva disposición que rige en la provincia de Río Negro exige que un mínimo del 80% de los trabajadores de obras públicas y privadas declaradas de interés provincial o con financiamiento estatal, tengan residencia en Río Negro por al menos dos años previos. Además, incorpora un 20% de participación obligatoria de mujeres y diversidades.
La normativa también establece que, antes de ampliar la convocatoria al resto del territorio, se priorice la contratación dentro de un radio de 20 kilómetros de la obra.
“Con esta ley, cada inversión que llegue a Río Negro tendrá un rostro rionegrino detrás y ese es el verdadero sentido del progreso. Esta conquista no es de un gobierno solamente; es el resultado de escuchar a sindicatos, trabajadores, pymes y municipios”, destacó un funcionario rionegrino.
Otra fuente oficial subrayó esta semana el impacto en el empleo y la economía provincial: “Hoy, el oleoducto ocupa más de 1.700 familias, lo que genera consumo y dinamismo económico. En Sierra Grande ya hay más de 150 alquileres activos y 60 nuevos comercios habilitados”.
