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Por la ruta nacional 151, que atraviesa por el Noroeste de Río Negro, entre Cipolletti y el límite con La Pampa, se registraron 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025, circulan más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas y actividades clave como fruticultura, minería, turismo y la industria hidrocarburífera, esta última vinculada a la producción del 72% del petróleo y el 42% del gas.
Con estos y otros argumentos, el gobierno de Río Negro, la Defensoría del Pueblo, intendentes de municipios y entidades empresariales presentaron una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por “el deplorable estado de la ruta nacional 151”.
Según fuentes oficiales, la presentación busca proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que la usan a diario, señalando que la falta de mantenimiento afecta gravemente los servicios esenciales, actividades productivas y la economía regional.
El Juzgado Federal de General Roca ya dio curso a la acción y requirió al Estado Nacional y a Vialidad un informe detallado sobre las razones de la omisión denunciada, otorgando un plazo de 11 días para responder, mientras que para la medida cautelar se fijó un plazo de cinco días para que las demandadas informen antes de su análisis judicial.
El escrito reclama al tribunal que declare la responsabilidad del Estado Nacional por la falta de mantenimiento de la ruta y que ordene la reparación completa de los 150 kilómetros del tramo que atraviesa Río Negro, entre Cipolletti y el límite con La Pampa.
También exige medidas cautelares urgentes como la señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes, además de un plan técnico y presupuestario que garantice la ejecución de las obras, con informes periódicos sobre los avances.
“La demanda también denuncia la desnaturalización del régimen de financiamiento vial, evidenciando que, pese a existir recursos específicos como el 28,58% del impuesto a los combustibles que debe destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, esos fondos han sido desviados, dejando a rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso”.
Entre las normas invocadas se destacan artículos de la Constitución Nacional, pactos internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, y leyes nacionales como la Ley de Amparo (16.986) y la Ley de Tránsito (24.449), además de jurisprudencia relevante.
“Esta demanda representa un paso firme del gobierno de Río Negro para defender los derechos de sus habitantes frente a la inacción del Estado Nacional, que tiene la competencia exclusiva sobre las rutas nacionales y el deber de mantenerlas en condiciones seguras. A su vez, podría constituir un precedente judicial que abra la puerta a que otras provincias exijan judicialmente obras públicas urgentes ante omisiones estructurales del Estado central”.
La presentación fue realizada por el Estado rionegrino, representado por el gobernador; el fiscal de Estado; el fiscal adjunto; la defensora del Pueblo; los intendentes de Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero y Campo Grande; y los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti; de la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro y de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro.
