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El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro resolvió la cesantía de una empleada judicial de la Cuarta Circunscripción, con sede central en Cipolletti, al comprobar que registraba tres empleos en simultáneo. Además, ordenó remitir el expediente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia para que analice si la situación generó un perjuicio económico al erario público.
La mujer durante la pandemia se mudó a otra provincia. La situación se descubrió por controles internos luego que la mujer registrara más de 400 de días de licencia en poco más de 4 años, por cuestiones de salud y de atención familiar.
En el proceso disciplinario se verificó que figuraba como trabajadora en el Poder Judicial, en una Municipalidad de la provincia de Neuquén y en la obra social de los petroleros de esa provincia.
En 2019 registró más de 100 días de licencia. Luego, con la pandemia, se mudó a una ciudad neuquina y desde allí desarrolló tareas. En 2022 usufructuó 180 días de licencia extraordinaria sin goce de haberes. Cuando requirió una extensión, le fue denegada. Pero al inicio del año siguiente hizo uso de licencia por enfermedad de tratamiento prolongado, totalizando más de 255 días. Finalmente, usufructuó más de 150 días de licencia sin goce de haberes, con certificado médico.
La agente admitió el múltiple empleo en su declaración y dio cuenta de las situaciones de salud propias y de allegados. Dijo que desconocía que estaba violando disposiciones con los distintos trabajos registrados. Aseguró que en el último tiempo solicitó licencia sin goce de haberes.
El máximo órgano judicial determinó que hubo una incompatibilidad legal establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública.
Las investigaciones dieron cuenta de que la agente figuraba con múltiples empleadores según los registros previsionales y las bases de datos de AFIP y ANSES.
En el proceso se solicitaron informes a los organismos tributarios y de seguridad social para determinar la cantidad de empleadores, los aportes registrados y otros antecedentes vinculados.
Fuente: Dirección de Comunicación Judicial – Poder Judicial de Río Negro
Formulan cargos a cinco personas por encubrimiento
Una investigación que incluyó siete allanamientos realizados en distintas localidades del conurbano bonaerense, permitió la realización de las primeras audiencias de formulación de cargos a cinco personas en el marco de la causa que investiga la sustracción de celulares de la órbita del Poder Judicial rionegrino. Todas ellas quedaron imputadas del delito de encubrimiento.
El fiscal a cargo de la investigación formuló cargos a dos hombres y tres mujeres a quienes acusó de haber comprado y/o recibido cada uno de ellos un teléfono celular “a sabiendas de su procedencia delictual”. Según la fiscalía, todos los aparatos fueron sustraídos el 9 de noviembre en el marco de su envío desde la Ciudad Autónoma de Bs As hacia la ciudad de Viedma, como resultado de una compra tramitada por el Ministerio Público. Aún se profundiza en las circunstancias en que se produjo el hecho.
Las cuatro personas fueron acusadas del delito de encubrimiento ya que se detectó que dichos dispositivos fueron activados bajo su titularidad a partir del 9 de noviembre de 2024, hasta que dejaron de ser utilizados.
Para individualizar a cada uno de los imputados, la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) requirió datos de IMEI a la empresa de telefonía iniciando así una pesquisa que permitió ubicarlos en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Todos los aparatos fueron activados el mismo día y con pocas horas de diferencia a la recepción de la encomienda en Viedma, lo que permite inferir que pudieron ser hurtados durante el traslado hacia el transporte o en el mismo servicio de encomiendas.
El sustento probatorio de la formulación de cargos realizada a través de plataforma Zoom, incluye además de dicha denuncia, la copia del expediente, de los remitos efectuados por la empresa proveedora de los teléfonos a la empresa de transporte que debía trasladarlo a Viedma, el testimonio de empleados judiciales y el informe de IMEI de los 40 equipos. De la totalidad, fueron adquiridos y abonados únicamente los 29 aparatos efectivamente recibidos mientras que dos fueron recuperados y secuestrados en el marco del legajo penal.
La investigación preliminar realizada con la colaboración del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires ya que la sustracción de los teléfonos se habría realizado en la provincia de Buenos Aires activándose los mismos en Rafael Calzada, Almirante Brown, Claypole, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora.
Fuente: MINISTERIO PUBLICO FISCAL/ VIEDMA
