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El informe surge de un entrecruzamiento de datos realizado por el organismo que tiene a Sandra Petrovello como ministra. La cifra podría aumentar. Hay 198 en Río Negro.
El Ministerio de Capital Humano empezó en diciembre del 2023 un relevamiento detallado de los programas sociales que ahora corresponden a la Secretaría de Niñez y Familia, lo que hasta la administración anterior se conocía cómo Desarrollo Social.
El objetivo de Sandra Pettovello, a cargo del área, es identificar beneficiarios que no cumplan con los requisitos para percibir el ingreso que equivale a la mitad de un salario mínimo. El primer registro arrojó un total de 27.210 planes que se dieron de baja por presentar incompatibilidades. Se hizo a través de un entrecruzamiento de datos con Anses.
El plan Potenciar Trabajo quedó bajo la lupa cuando, en tiempos de Victoria Tolosa Paz como ministra, el fiscal Guillermo Marijuan hizo una presentación en la que denunciaba la existencia de beneficiarios que habían viajado a distintos destinos exóticos del extranjero. Algunos, incluso, utilizaron aviones privados. Se objetaron entonces unos 160 mil planes.
Se dieron a conocer también cerca de 5 mil casos de empleados de diferentes estados provinciales. Esta nueva auditoría motivó la suspensión inmediata de los planes observados. Según las cifras que dejó trascender Capital Humano, la investigación interna permitió ahorrar unos $2 mil millones en enero. En total, se encontraron más de 10.500 titulares que recibían, además, una pensión no contributiva.
Hubo otros 2.944 que ya percibían ingresos por jubilaciones o pensiones, incompatibles con el beneficio. Otra polémica se desató con los 6.314 que contaban con empleos registrados. Una de las condiciones excluyentes para acceder al Potenciar Trabajo es estar “en situación de riesgo o vulnerabilidad social”.
Ese punto deja afuera a quienes tengan empleos formales. Ese mismo criterio aplica para los 747 casos en los que hallaron algún tipo de “incompatibilidad patrimonial” por contar con propiedades declaradas o vehículos con menos de 10 años de antigüedad. Aparecieron también casi 2 mil personas con monotributistas de categoría C o superior, 1.300 que recibían un seguro de desempleo, 1226 con residencia en el exterior y unos 972 fallecidos
Un elemento por el que se cortaron más de 3.800 planes fue por incumplimiento en el presentismo laboral. El programa obliga a acreditar hasta 60 horas de trabajo mensuales como contraprestación. Ya había sido un tema de conflicto en la gestión anterior.
En Niñez y Familia, secretaría que tiene como autoridad a Pablo de la Torre, adelantan que el análisis de datos podría actualizarse en los próximos meses. Hay más de 1.200.000 beneficiarios que cobran mensualmente $78.000.
Cuáles eran las irregularidades en los planes sociales
- Pensión no contributiva: 10.530 personas.
- Empleo registrado: 6.314 personas.
- Incumplimiento presentismo: 3.804 personas.
- Jubilación o pensión: 2.944 personas.
- Monotributistas categoría C: 1.985 personas.
- Seguro de desempleo: 1.301 personas.
- Residencia en el extranjero: 1.226 personas.
- Fallecidos: 972 personas.
- Patrimonio incompatible: 747 personas.
- Otros: 305 personas.
- (Con información de TN)
Piden que estatales que cobraron el Potenciar Trabajo devuelvan la plata
Lo plantearon desde el bloque Pro Unión Republicana. Apunta a casi 200 empleados del Estado rionegrino que percibieron el beneficio, destinado a personas en situación de vulnerabilidad.
Legisladores del bloque Pro Unión Republicana impulsan un pedido para que casi 200 empleados del estado rionegrino que cobraban el plan nacional Potenciar Trabajo, devuelvan el dinero percibido, presuntamente de manera ilícita.
El planteo lo presentó el legislador Juan Martín, presidente de esa bancada, con el acompañamiento de Martina Lacour, Juan Murillo Ongaro, Claudio Doctorovich, Gabriela Picotti, María Laura Frei y Ofelia Stupenengo y está dirigido a la Procuración del Tesoro de la Nación “a fin de que sin demora proceda a promover e instar las causas judiciales con el objeto del recupero de los fondos erogados indebidamente”.
El requerimiento se fundamenta en la Resolución 17/2023 del Ministerio de Capital Humano, que ordenó suspender el pago del beneficio a 4.558 personas del país “que percibían dichos montos en fraude al sistema, o bien violentando las razones y argumentos que motivaron la creación de dicho plan asistencial”, sostuvo Martín.
Resaltó que entre esos beneficiarios a los se dio de baja “figuran 68 rionegrinos, no obstante trascendió que los beneficiarios ´indebidos´ alcanzan hasta el momento la cifra de 198”.
Hasta el momento aparecen trabajadores de un solo organismo.
Efectivamente, desde Nación informaron que había detectado supuestas irregularidades, además de Río Negro, en Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
El reporte incluyó los listados con nombres y apellidos de los empleados estatales que percibían dinero del programa.
La supuesta irregularidad está siendo investigada por la Justicia, en una causa que quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, que cruzó las bases de datos del programa con las planillas de empleados públicos de 14 provincias.
Función pública en la mira
En el caso rionegrino, el registro revela la particularidad de que quienes percibieron el plan son todos trabajadores de la Secretaría de la Función Pública, que pertenece al Ministerio de Economía.
El listado incluye sus números de DNI y CUIT y el período de consulta.
Aún es una incógnita la forma en que pudieron acceder al esquema asistencial, que el gobierno nacional puso en marcha a mediados de 2020. Tampoco se ha precisado durante cuánto tiempo percibieron el dinero.
Según se explica en www.argentina.gob.ar, la iniciativa tiene como objetivo “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.
Está destinado a las “personas físicas que se encontraban bajo los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios”. Los beneficiarios debían cumplir “su contraprestación con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa”.
Montos
El pago del Potenciar Trabajo es equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que actualmente es de $156.000, por lo que la cifra alcanza los $78.000 mensuales. Al finalizar el 2023 se incluyó un bono extraordinario de $10 mil para reforzar los ingresos.
El diario ambito.com informó que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el plan continuará existiendo en 2024 como funciona hasta el momento.
“Ilícito repulsivo”
Martín destacó que “si bien los montos que cada beneficiario percibió indebidamente durante el período que fuera seguramente no serán sumas siderales, sí lo han sido las cifras totales que la implementación de dicho programa asistencial representó –y representa- para las arcas públicas”.
“El gran volumen de beneficiarios indebidos de dicho programa y el despliegue territorial de estos permite inferir que se trató de un fraude sistemático, y no de casos aislados, por cuanto bastaba con cruzar datos con Anses y/o AFIP para advertir si los postulantes poseían o no trabajo en relación de dependencia, o si calificaban por su situación personal para acceder a dicho programa”, añadió.
Cuestionó también la falta de control por parte de las autoridades de ese momento y apuntó que la maniobra fue “deliberadamente dispuesta con fines clientelares que permitan tal nivel de permeabilidad del sistema de otorgamientos”.
Apuntó asimismo a las “cuestiones morales y éticas” de la maniobra, que constituyen “un ilícito repulsivo tanto al derecho penal como al derecho civil, el cual prevé las figuras de enriquecimiento sin causa, pago indebido, etc., corresponde por ello se accione en aras del recupero de los fondos”.
Para Martín, la “acción de recupero de dichos fondos tendrá definitivamente dos aristas positivas, por un lado el recupero económico y sus consecuentes efectos de reparación del daño, y por el otro, el efecto social ejemplificador que irradiará en tanto la sociedad percibirá que quien las hace las paga, y que no se puede enriquecerse indebidamente a costa de la totalidad de la población y que su única derivación sea ´hasta que alguien se dé cuenta y cese´”.
