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Un hombre compró un televisor Hitachi led de 55″ 4k en un comercio de San Antonio Oeste y desde su adquisición comenzó a tener problemas técnicos y de mal funcionamiento, lo que torno imposible su uso.
Primero, el cliente envió el aparato dos veces al servicio técnico de la empresa pero como los desperfectos continuaron reclamó al comercio el cambio de televisor aunque no se lo realizaron.
El demandante realizó la denuncia ante la oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Antonio Oeste contra Musimundo que pertenece a Electrónica Megatone SA y al no obtener respuesta se dirigió al Juzgado de Paz y realizó una demanda de menor cuantía.
El organismo judicial fijó una audiencia para el 23 de mayo pero Musimundo no envió ningún representante. Tampoco justificó su ausencia. Justamente esa instancia era la posibilidad que tenía la firma para contestar la demanda, ofrecer prueba o incluso llegar a un acuerdo a través de la mediación.
Dice el Código Procesal Civil y Comercial que “la parte debidamente notificada que no concurriera a la audiencia quedará también notificada en el acto de todas las resoluciones que allí se dicten, no pudiendo plantear ninguna cuestión o recurso al respecto y su ausencia injustificada se entenderá, en el caso de la parte demandante, como desistimiento del proceso, y en el caso de la parte demandada, como reconocimiento de la verdad de los hechos
pertinentes y lícitos proporcionados por la contraparte, quedando habilitada la
prosecución de la causa sin más trámite”.
Finalmente, el Juzgado de Paz de San Antonio condenó a la empresa Electrónica Megatone SA a pagarle al cliente 100.000 pesos.
La intervención de los Juzgados de Paz
El Poder Judicial rionegrino tiene 49 Juzgados de Paz, extendidos en todo el territorio provincial. Constituyen, en muchos casos, la opción más cercana de los ciudadanos a la hora de resolver conflictos vecinales o realizar determinados trámites.
Los procesos de menor cuantía se inician en los Juzgados de Paz con un formulario en carácter de demanda, a través del cual se reclama un monto en pesos a la contraparte. El monto máximo previsto ahora es de 100 mil pesos.
El trámite es gratuito, informal pero con la garantía del resguardo del derecho de defensa. Los juicios que quedan excluidos son los de sucesión, familia, laborales y desalojo.
Fuente: Comunicado de la Dirección de Comunicación Judicial – Poder Judicial de Río Negro
