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Ayer, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos a otras cinco personas imputadas en la investigación del programa nacional “Techo Digno”, destinado a la ejecución de viviendas que comenzó a implementarse en el territorio provincial a partir del año 2013. Se trata de un ex intendente de Fernández Oro, un empresario de la construcción y tres presidentes de cooperativas.
En la instancia que se desarrolló por más de cinco horas, la Fiscalía acusó al ex mandatario municipal de haber sido autor de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y uso de documento público. Al resto de los imputados le endilgó los mismos delitos, pero en calidad de partícipes necesarios.
La totalidad de los abogados defensores de los imputados solicitaron que no se tengan por formulados los cargos. Luego del debate entre las partes, la jueza de Garantías interviniente dispuso un cuarto intermedio hasta el martes próximo, cuando se expedirá al respecto.
Con esta audiencia culminan las imputaciones a diversos ex intendentes y constructores que intervinieron en el programa de construcción de viviendas, que comenzaron a desarrollarse en todo el territorio provincial el 3 de agosto pasado.
Los hechos imputados
Según la Fiscalía, en la localidad de Fernández Oro, el programa preveía la construcción de 50 viviendas en un plazo de 12 meses, mediante una empresa constructora contratada a tal fin luego de la correspondiente licitación y adjudicación. El acuerdo data de 2014 y se ejecutó entre marzo y diciembre de 2015.
“El municipio recibió más de 18 millones de pesos de fondos del programa producto de diversos desembolsos del Tesoro Nacional (…) un 82,54 por ciento del monto total del convenio (que ascendía 22 millones de pesos). Parte de ello fue transferido indebidamente puesto que no guardaba relación con el avance real de la obra”. El mismo –en abril de 2016 – era menor a un 20 por ciento de ejecución, tal lo informado por un relevamiento realizado por el IPPV.
La acusación entiende que “el intendente, que tenía a su cargo la administración y el cuidado de los fondos, perjudicó los intereses confiados abonando a la empresa constructora más de un 25 por ciento del monto del contrato”, es decir un 5,63 por ciento más que el porcentaje de construcción realizado.
La operatoria se concretó mediante certificaciones de avance de obra y acta de finalización de obra falsas, que eran presupuesto necesario para destrabar los desembolsos progresivos de dinero por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal con quien el intendente había suscripto el acuerdo.
De los restantes fondos recibidos por el programa, el municipio utilizó más de 8 millones para pagar a la misma empresa constructora obras de infraestructura pertenecientes a otro acuerdo, de las cuales no se tiene registro.
Además, realizó además un sobrepago de más de 600 mil pesos a tres cooperativas que se encontraban vinculadas a otro plan federal de viviendas, entre ellas una presidida por su hijo.
“Finalmente, al cesar el mandato en diciembre se constató que el faltante de fondos federales correspondientes al Plan Techo Digno ascendía a 3 millones 400 mil pesos”.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de Río Negro
Foto ilustrativa, diario Río Negro
Aclaración; La información oficial difundida el viernes no consigna las identidades de los imputados
