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El Tribunal de Impugnación de Río Negro, por unanimidad, rechazó los planteos de la defensa de tres sujetos condenados por usurpar terrenos a la vera de la ruta provincial 1, en el ingreso a la ciudad de Viedma. De esa manera, confirmó las condenas a un año y medio de prisión para uno de ellos, a un año en suspenso para otro y a un año efectiva para un tercero, ya que contaba con antecedentes penales.
Un primer planteo de la defensa tuvo que ver con una modificación leve de la acusación en cuanto a la forma de ingreso al perdió usurpado. Entendió que influía en “el derecho de defensa en razón de que modifica cuáles eran las estrategias de prueba que habían planteado en función de una proposición al momento del control de acusación y luego modificada en la apertura del debate”.
También hizo un planteo respecto a los policías ya que “en ningún momento se había advertido a las personas sus derechos y garantías e incluso más: no sólo no había esta advertencia sino que frente a la reticencia por parte de alguno de los imputados de brindar información a la policía eran llevados detenidos”.
Por último mencionó también la violación a la garantía del juez imparcial, ya que la magistrada sería titular de un loteo similar al usurpado en las cercanías.
La sentencia
En cuanto al planteo sobre la supuesta modificación de la imputación, el Tribunal de Impugnación rechaza el argumento: “la conducta reprochada es siempre la misma, despojo clandestino, o sea, despojo oculto para sus propietarios, es decir, despojo sin conocimiento de éstos”, explica.
En este sentido, cita fallos del STJ: “Para que haya clandestinidad se requiere que la posesión haya sido tomada en condiciones tales que el poseedor de la cosa haya podido ignorar los actos de desposesión, que se la tome a espaldas de quien tiene derecho a oponerse a ello”.
Respecto al derecho a la vivienda, la sentencia de primera instancia da cuenta que no pudieron acreditar que “han estado anotados y han cumplimentado los mecanismos que el municipio de Viedma tiene instaurados al respecto y que hayan pasado años transitando ese proceso para acceder a la vivienda, esperando en vano y sin respuestas”.
La defensa “atacó la constitucionalidad de las facultades que la Ley Orgánica de la Policía les confiere para identificar a personas”. Para el Tribunal de Impugnación, “es irrelevante el cuestionamiento a la facultad policial prevista en su Ley Orgánica puesto que las constataciones (identificación de las personas) se realizaron luego de una denuncia penal y por orden del MPF, es decir, dentro de las previsiones del Código de Procedimientos Penal de la provincia”.
Al respecto, “la norma fija una clara diferencia entre la facultad de solicitar que la persona se identifique y la obligación de abstención de interrogar sobre cualquier otra circunstancia”.
Finalmente, respecto al planteo por afectación del juez imparcial, también la rechaza, ya que el fallo está debidamente fundado: “la sentencia en crisis sí expone una suficiente reconstrucción histórica de los hechos en base a la prueba producida con argumentos de hecho y de derecho comprensibles y concordantes con la doctrina de este Tribunal de Impugnación y del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, en base a lo cual arriba a la declaración de responsabilidad penal. De allí que, al desecharse la pretensión de arbitrariedad, cae por sus propios argumentos el presupuesto del agravio de ausencia de juez imparcial, situación que determina su improcedencia”.
Fuente: Dirección de Comunicación Judicial – Poder Judicial de Río Negro
Fue condenado a prisión por recibir una moto robada
Un individuo de Cipolletti recibió una pena de prisión efectiva por el delito de encubrimiento luego de ser arrestado con una moto robada. El vehículo fue regresado a su propietario y el imputado pasará seis meses en la cárcel. Además, lo declararon reincidente ya que tenía antecedentes.
El acusado, quien cumplió 21 años, fue atrapado en febrero después de chocar la moto contra el portón de un taller que funciona en la calle Primeros Pobladores de Cipolletti.
La Fiscalía le atribuyó el delito de encubrimiento al entender que recibió o adquirió esa moto con ánimo de lucro y que en esas circunstancias podía sospechar que el rodado provenía de un delito. Como se fugó y fue detenido en la calle González Larrosa también lo acusaron por el intento de robo en ese taller.
El sujeto había salido de la cárcel en diciembre de 2020 cuando terminó de cumplir una pena de un año y siete meses por un robo simple.
El día que se iba a realizar el control de acusación, la defensa pública informó que había un principio de acuerdo y la Fiscalía aceptó.
El acusado admitió su participación en el hecho del taller, además del encubrimiento por la moto robada. En esa audiencia un juez de juicio de Cipolletti lo declaró responsable.
En la segunda fase, que es la del juicio de determinación de pena, se le aplicó la condena de seis meses de prisión efectiva y declaración de reincidencia.
Fuente: Dirección de Comunicación Judicial – Poder Judicial de Río Negro
Bariloche: Dos imputados por lesiones y resistencia a la autoridad pidieron disculpas públicas a inspector de tránsito agredido (aclaración: este caso ocurrió a fines de julio pasado)
En el marco de una audiencia de suspensión de juicio a prueba, dos personas que se encuentran imputadas por agredir a un inspector de tránsito, pidieron disculpas de manera pública al trabajador municipal. Las mismas fueron aceptadas por la víctima, quien se encontraba con su abogado en calidad de querellante.
El hecho investigado ocurrió el 17 de octubre de 2019 a las 13:10 horas, cuando Juan Carlos López se encontraba cortando media calzada -en su calidad de inspector de tránsito municipal- en las calles 9 de Julio y Tiscornia, momento en el cual le informa a la conductora, quien iba a bordo de su automóvil Chevrolet Sonic junto a su acompañante que debía cambiar el sentido de circulación . Ante ello, el acusado comenzó a insultar a López con frases agraviantes, descendiendo ambos del auto.
Fue entonces que sujetó a López de su chaleco, le arrojó al suelo los talonarios de infracciones y le propinó varias bofetadas y rasguños en su cuello, todo ello mientras lo insultaba . En tanto, la mujer comenzó a increpar al inspector, propinándole varios golpes de puño en el sector del tórax. Otros empleados municipales intentaron interceder a fin de calmar la situación sin éxito.
El juez de Garantías Ricardo Calcagno ponderó la actitud de Gisela Montivero y Martín Ezequiel Puglia, a quienes manifestó “reconocer un error y pedir disculpas públicas siempre habla bien de las personas que lo hacen, engrandece a la persona que admite haber tenido un mal momento”.
Por otro lado, recordó que la víctima de este hecho, Juan Carlos López, es un funcionario público, que cumple con su labor siguiendo instrucciones, en este caso del área de tránsito, en su rol de inspector.
En la oportunidad de formular los cargos, el Ministerio Público calificó las conductas como resistencia contra la autoridad y lesiones leves en concurso ideal y en calidad de coautores.
Luego de escuchar a la defensora Blanca Alderete, al fiscal Guillermo Lista y al querellante Roberto Morlacchi, quienes manifestaron su acuerdo, el magistrado hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba por el término de un año y medio. Consideró razonable el ofrecimiento efectuado y que fueran aceptados por la víctima. Las pautas impuestas, incluyen, aparte de la disculpa pública, un resarcimiento económico, la presentación de manera bimensual ante el Patronato de Presos y Liberados, mantener el domicilio, además de no cometer nuevos delitos. El magistrado explicó a las personas imputadas los alcances de la suspensión de juicio a prueba y el plazo del mismo, tiempo en que deberán cumplir con todas las pautas acordadas.
Las palabras finales fueron de López, el inspector que resultó víctima, quien señaló que en el momento que fue agredido estaba cumpliendo con su trabajo y a raíz de esta situación sufrió él y su familia, no sólo por las lesiones físicas, sino también por las palabras agraviantes hacia su persona. Aceptó las disculpas ofrecidas por los imputados. “No era necesario…soy una persona tranquila, hacía mi trabajo” señaló.
Fuente: Dirección de Comunicación Judicial – Poder Judicial de Río Negro
Foto ilustrativa. Poder Judicial de Río Negro
