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Un individuo fue imputado por haber infringido la Ley Nacional 14.346, de protección animal, al arrojar a un domicilio del barrio Jardín, en Viedma, una bolsa con salchichas que contenían veneno con insecticidas organofosforados. El contenido fue consumido por dos perros que se encontraban en el patio, perteneciente a la denunciante, que murieron envenenados al ingerirlo.
El fiscal viedmense adjunto Rubén Negro mencionó que para imputar tales hechos cuentan con la denuncia penal realizada por la mujer, la filmación en la cual se observa que tiran las bolsas con salchichas, el análisis de laboratorio efectuado al alimento y el testimonio de un testigo.
Como aún resta producir prueba, la acusación requirió cuatro meses de investigación para completar dicho plexo probatorio; pedido al que adhirió la querella. La defensa, ejercida por la defensora penal adjunta Carolina Llano, no manifestó objeciones a la acusación.
Finalmente, el juez Juan Brussino tuvo por admitido los cargos y dispuso el inicio de la investigación por los próximos cuatro meses.
Rige en el marco del Ministerio Público una Instrucción General suscripta por el procurador general (jefe de los fiscales rionegrinos), Jorge Crespo que determina que deben calificarse como ‘graves’ los actos de crueldad animal “atento al carácter que revisten, en tanto la violencia que se despliega para causar sufrimiento, de manera innecesaria por el modo excesivo, perverso o violento de la conducta denota una intencionalidad marcada en infligir sufrimiento”.
La instrucción general expresa además que “el nuevo paradigma de a justicia penal fomenta la participación ciudadana, procurando la paz social y la armonía”.
“Una política de persecución penal que incida en la vida ciudadana debe ser transparente, de público conocimiento y encontrarse en una constante revisión en virtud de su aplicación en la realidad, dispuesta a integrar las observaciones, sugerencias o señalamientos que realicen los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, las demás instituciones del sector de justicia y del Estado en general.
Por ello, la opinión de la comunidad será tenida en cuenta al momento de establecer políticas de persecución penal, para que la misma resulte socialmente legitimada por sus destinatarios”, destacó Crespo.
Fuente: MINISTERIO PUBLICO FISCAL / VIEDMA
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