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El Ministerio Público Fiscal ordenó este sábado varios allanamientos simultáneos en el marco de la investigación por el homicidio de Mario Reyes ocurrido en Viedma en la madrugada del sábado pasado. El objetivo principal fue encontrar el arma con la que provocaron la muerte del joven.
Los allanamientos comenzaron pasadas las 6:30 de hoy cuando el fiscal Guillermo González Sacco y la adjunta Candela Sequeiros se reunieron en la sede de la Regional Primera con agentes de la Policía de Río Negro, Criminalística y la Brigada de investigaciones de la fuerza de seguridad.
Los allanamientos se realizaron en viviendas particulares de los dos imputados que se encuentran en prisión preventiva y de sujetos allegados a ellos. Las propiedades están ubicadas en los barrios Santa Clara, Lavalle y 30 de Marzo. Además, allanaron una chacra ubicada en San Javier.
En las medidas pudieron secuestrar diversos elementos que serán peritados como parte de las medidas que se realizan para poder llegar al control de acusación con elementos probatorios suficientes, buscando condenar a los acusados por este homicidio.
Ambos sospechosos fueron imputados el lunes pasado por el delito de homicidio agravado por haberse cometido con arma de fuego. Los dos quedaron privados de su libertad de forma preventiva.
Los hechos se habían suscitado el 21 de noviembre alrededor de las 2.30 horas en la vía pública, en cercanías de la intersección de las calles 24 y 15 del barrio Lavalle. En ese lugar, los hombres dispararon entre 6 y 7 oportunidades contra un joven que perdió la vida al recibir una herida de bala que ingresó por el muslo izquierdo y tiene orificio de salida por la zona inginal.
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL / FERNÁNDEZ ORO
Formulan cargos y continuará detenido el acusado del crimen de Molina
La Fiscalía de Delitos contra las personas formuló cargos contra un hombre, de 52 años, acusado de ser el autor del homicidio del que resultara víctima Héctor Molina.
El fiscal del caso informó que el hecho ocurrió el pasado sábado 21 de noviembre a las 03:30 y las 04:30 en la vía pública en un lugar lindante al canal de riego en el Puente 83, en Fernández Oro.
En esas circunstancias, el acusado aprovechándose de la oscuridad de la noche y ocultándose detrás de una pila de leña, le disparó a Molina con un escopeta calibre .16, impactando el proyectil en la cara de la víctima, provocando su fallecimiento.
La calificación legal del caso es homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma.
Según indicó el fiscal, todo habría tenido origen en conflictos previos y señaló que días antes de la agresión, Molina habría amenazado al acusado ya que este no le había querido vender bebidas alcohólicas.
Entre las principales evidencias, la Fiscalía señaló los testimonios de vecinos que mencionaron que esa noche se oyeron una serie de disparos, siendo el último de ellos una detonación de una escopeta.
Por otro lado, señalaron los trabajos realizados por “Tinto” uno de los canes de la Policía de Río Negro que marcó el lugar donde los investigadores consideran que se produjo el disparo y que presenta como indicio la presencia del acusado en el lugar.
Además, mencionaron que, según los informes preliminares del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigación Forense, surge que la muerte se dio por un disparo de escopeta y a corta distancia. Esto se complementa con otros testimonios que mencionan que la familia del imputado tendría en su poder un arma de fuego larga, que sería con la cual se materializó el ataque.
La defensa particular consideró que existían irregularidades durante la investigación y que las evidencias reunidas hasta el momento eran débiles por lo que solicitó que no se tengan por formulados los cargos.
La Fiscalía contestó a lo anterior que al momento de recibir distintas declaraciones a familiares del acusado el mismo no era sospechoso de ser autor del crimen y que además, las entrevistas a los allegados que tenían derecho a abstenerse a declarar no fueron tenidas en cuenta a la hora de formular la acusación.
Sobre este punto, la jueza de Garantías resolvió tener por formulados los cargos en los términos expuestos por los acusadores públicos y privados y recordó que se estaba en un etapa inicial de la investigación y que aún quedan diversas evidencias científicas que podrían reforzar el caudal probatorio.
Además, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del acusado entendiendo que en caso de recuperar la libertad el imputado podría intentar darse a la fuga o entorpecer la investigación. La querella acompañó este pedido, mientras que la defensa del acusado consideró que su representado debía recuperar la libertad o en su defecto, dictarse una prisión domiciliaria.
La Jueza de Garantías consideró que si bien no se había acreditado el riesgo de fuga, si se deba el riesgo procesal de entorpecimiento a la investigación. En consecuencia, dictó LA prisión preventiva del acusado en una comisaría o establecimiento penal, según los protocolos del Servicio Penitenciario Provincial.
Foto: Allanamiento en Viedma y San Javier
