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Legislador de Río Negro propone suspender planes sociales a quienes tomen terrenos o inmuebles

 

Un legislador rionegrino propuso un proyecto de ley con el objetivo de prohibir la prestación de programas de asistencia provincial a personas y organizaciones sociales que participen o instiguen usurpaciones de terrenos o propiedades en el ámbito de la provincia.

La iniciativa parlamentaria establecería, si es convertida en ley por la Legislatura rionegrina, que quienes participen o instiguen usurpaciones de terrenos, propiedades de vivienda o complejos habitacionales, no podrán acceder a planes, prestaciones o subsidios otorgados por el gobierno provincial, tengan o no relación con el acceso a la tierra, a la mejora o ampliación de la vivienda o la regularización dominial.

El expediente impulsado por el legislador Juan Martín consigna:

El presente proyecto de ley tiene por objeto la suspensión de la percepción de determinados planes, prestaciones sociales o salarios públicos para aquellas personas u organizaciones sociales que cometan el delito de usurpación, según lo establecido por el artículo 181° del Código Penal de la Nación con algunas particularidades, además de prohibir la conexión de servicios públicos y/o esenciales en todos los casos en los que se encontrare una denuncia judicial respecto de la toma de un terreno, vivienda o complejo habitacional ya sean éstos de propiedad privada o pública.

Como es de público conocimiento, nuestro país se encuentra atravesando una grave crisis social y económica que genera cada vez más gravosas consecuencias en el crecimiento del crimen y la ilegalidad. La creciente toma de terrenos privados y/o fiscales en todo el país es, simplemente, un ejemplo más de todo ello.

Situaciones como las aquí descriptas no sólo vulneran el derecho primordial de protección de la propiedad privada sino que, además, generan profundos conflictos sociales y habitacionales allí donde suceden, llegando en nuestra provincia al punto de mantener virtualmente secuestradas a las personas que residen en las propiedades “tomadas” ilegalmente.

Frente a ello, el Estado no puede permanecer inerte, más allá de las políticas de contención que deban articularse para encontrar una solución de fondo al eterno déficit habitacional, es deber primordial del poder público garantizar la seguridad de toda la población, la vida pacífica y el uso y goce de la propiedad privada y pública, considerando que el flagelo del delito de usurpación en banda que continuamente vemos como se sucede e incrementa, con una pasividad total de quien debe ejercer el fundamental rol de prevención del delito o disponer su cese inmediato.

Dicha obligación –de disponer el cese inmediato de un delito de efectos continuados- parece no haber sido asumida en debida forma por algunos integrantes del Poder Judicial, como en el caso reciente en El Foyel, donde en uso abusivo de garantías procesales un magistrado evitó resolver sobre el tema.

Independientemente de ello, esta Legislatura tampoco debe permanecer impávida y debe asumir su rol fundamental para la vida en sociedad, y en una sociedad pacífica y segura.

A su vez, y si bien es innegable a esta altura el déficit habitacional, que a pesar de tratarse de un mal estructural e histórico, el que se agrava sensiblemente en coyunturas como la que nos encontramos atravesando, con un marcado crecimiento del nivel de pobreza, potenciado por la  numerosas pérdidas de fuentes de empleo, y por la espiral inflacionaria que condena a cada vez más vecinos a caer por debajo de la línea de pobreza.

Si bien la usurpación de tierras es un delito que excede palmariamente la dificultad de acceso a la vivienda, nótese que no estamos frente a un caso en que una persona o familia, en estado de desesperación decide irrumpir en un lote o vivienda desocupada o abandonada. La situación que nos aqueja es muy distinta a ello, aun cuando algún participante de la misma puede llegar a hacerlo basado en la misma carencia y estado de desesperación, no puede ser considerado con el mismo rigor cuando la usurpación se produce en banda, de manera organizada, en muchos casos con líderes visibles, en las que incluso hemos visto como se “lotean” los terrenos tomados, en una clara muestra de cuestiones que rozan la especulación inmobiliaria, y que, aunque parezca políticamente incorrecto plantearse, basta con acercarse a las mismas luego de un tiempo y conversar con la gente para advertir que muchos de ellos “compraron” el lote a los tomadores originales, quienes se amparaban en una supuesta falta de vivienda, o actualmente, como vemos principalmente en nuestra zona andina, en la supuesta pertenencia a pueblos originarios y con aval de organismos nacionales como el Instituto Nacional de Asuntos Indigenas, que irresponsablemente “asignan” tierras a esas comunidades, sin importar a quien pertenecen, quien reside en ellas, y realizando actos de disposición sobre propiedad ajena extralimitándose notoriamente a sus funciones.

Ítem más, y más preocupante aún, es ver como actualmente las tomas se están llevando a cabo en muchos casos en terrenos y campos con sus moradores dentro, lo que genera una situación de violencia que por suerte a la fecha no ha generado inconvenientes de gravedad, empero la pasividad estatal hace que muchas veces la gente al sentirse amenazada opte por hacer uso de la fuerza en defensa propia, como ocurrió recientemente en la localidad de Berazategui, donde un propietario repelió con armas de fuego la usurpación de su propiedad, produciendo la muerte de quien intentaba llevarla a cabo.

Huelga decir que lo que se pretende evitar en nuestra provincia, es justamente que se llegue a ese extremo de irreversibilidad, no solo por el resultado individual, sino por la consabida premisa de que la violencia genera más violencia, pudiendo preverse un estallido social que nadie quiere y que todos los que formamos parte de los poderes del Estado debemos trabajar para evitar. Hemos llegado a un punto de inflexión en el cual cada cual debe cumplir con el mandato primordial de garantizar una vida pacífica.

En el mismo orden, la pasividad del poder judicial, la imposibilidad de la  Policía de hacer cesar los delitos –aun en flagrancia-, la ineludible realidad de que las soluciones de fondo implican políticas de estado que trascienden los mandatos y cuyos resultados de largo plazo parecen nunca llegar (quizás por nunca haberse implementado verdaderas y eficientes), es que tenemos el deber como poder estatal, de evitar que el Estado provincial a través de su asistencia concluya operando involuntariamente como un órgano de fomento de conductas delictivas.

Para ello, es nuestro deber dotar de herramientas legales y transparentes al Poder Ejecutivo, sus ministerios y sus organismos descentralizados para que en uso de las facultades que le competen, efectúen un justo control de la asistencia que brindan y posean de manera clara un modo de evitar, o compeler a quienes incurren en esas conductas delictivas, del mismo modo que cuenta con un código de faltas, o incluso el control de tránsito, materias en las cuales puede aplicar sanciones por vía administrativa.

En línea con ello, la herramienta de control a instaurarse no debe limitarse a cuestiones asistenciales, sino que debe alcanzar –y hasta puede afirmarse que principalmente- a los agentes y funcionarios públicos que participen de los mentados actos delictuales, ya que es inaceptable que quien perciba un salario del erario público incurra en esas reprochables conductas.

Conforme se expresara, los legisladores no desconocemos la crisis de vivienda que está atravesando la Argentina. Con el 41% de la población sumergida en la pobreza, el déficit habitacional se ve profundamente agravado. Sin embargo, el accionar ilegal de muchos grupos organizados para tomar terrenos no es la solución, y el Estado no puede y no debe convalidarlo. Tal es así, que hemos visto que a los fines de hacer cesar las tomas de tierras, en muchas ocasiones se obtiene con la promesa o suscripción de compromiso de asignación de viviendas en complejos del IPPV o loteos sociales, o el otorgamiento de subsidios habitacionales, o sea, cediendo el Estado a la extorsión de asociaciones ilícitas, fomentando de esa forma la propagación del flagelo.

Por último, se propicia en todo el territorio provincial la prohibición de conexión de servicios públicos en tierras cuyos ocupantes no puedan acreditar en debida forma la posesión o tenencia legítima y pacífica de las tierras donde soliciten se provean los mismos.

Como corolario y a modo de síntesis, se propone suspender la percepción de todos aquellos planes, prestaciones, programas, subsidios e incluso salarios –por disposición de cese- a quienes cometan el delito de usurpación, de manera inmediata, y sin necesidad de condena judicial que así lo declare, debiendo valerse el organismo que lo otorga –y por ende determina su cese- de cualquier medio probatorio del que se infiera con certeza de la participación de la persona en el hecho reprochable, extendiéndose los efectos de la sanción por el plazo de 5 años y de 2 años para el caso de quienes laboren para el Estado provincial, considerando el mismo una extensión prudencial.

 

Foto: Río Negro

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