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Un preso de 23 años le arrojó a un empleado policial del Penal N°6 de Choele Choel agua hirviendo por la espalda, provocándole quemaduras en la nuca, el cuello y la espalda. Ahora, el titular de la Fiscalía Descentralizada de esa ciudad, Germán Balditarra formuló cargos al violento sujeto.
Según la acusación fiscal, el hecho sucedió el 7 de agosto, alrededor de las 15:30, cuando el imputado le arrojó agua hirviendo por la espalda a la víctima provocando quemaduras en la nuca, el cuello y la espalda. Las lesiones fueron certificadas como “quemadura a tres por ciento occipital escapular”, después de ser atendido en primera instancia por la enfermera del establecimiento y luego en el hospital local, describió Balditarra.
Como sustento probatorio, el representante del Ministerio Público Fiscal mencionó el certificado médico de las lesiones, denuncia penal, entrevistas realizadas, oficio al Juzgado de Ejecución Penal N° 10, copia del libro de guardia del Penal, entre otras pruebas.
La calificación legal propuesta por la fiscalía es la de lesiones leves.
Por su parte, la defensora pública penal Josefina Santos asistió al sujeto en la audiencia y solicitó que no se tengan por formulados los cargos.
“Ya se le han aplicado varias sanciones dentro del Penal por lo ocurrido, y dicho contexto no debe ser analizado sin esta información. ¿Qué mas encierro le vamos a dar que el encierro mismo?”.
El juez de garantías Roberto Gaviña tuvo por formulados los cargos teniendo presente lo esgrimido por el Ministerio Público Fiscal, dando inicio a la investigación preliminar preparatoria, por el delito de lesiones leves.
El fiscal realizó la aclaración de que no se pedirán medidas cautelares ya que el imputado se encuentra cumpliendo condena en el Penal de Choele Choel.
Delitos informáticos contra la integridad sexual: comenzó juicio en Bariloche
Comenzó ayer el juicio a un individuo sospechado de la comisión de 22 diferentes hechos que constituyen los delitos de grooming, corrupción de menores, coacción, distribución, tenencia y producción de imágenes de abuso sexual infantil; cuya acusación sostiene el fiscal Martín Govetto acompañado por el fiscal jefe Martín Lozada y el equipo de trabajo de la Fiscalía a su cargo.
El tribunal está presidido por el juez de juicio Bernardo Campana, junto a Romina Martini y Ricardo Calcagno.
En su alegato, Govetto manifestó que “es necesario hablar en estas audiencias de términos que por nuestra generación no nos son conocidos, no son naturales, son aprendidos. Y vamos a meternos en un universo que tiene que ver con niñas y adolescentes, que tienen un lenguaje y formas de comunicación distintos, formas de hacer amigos y manejarse en el uso de internet y redes sociales, que nosotros aprendimos. Esa es la diferencia entre los nativos digitales e inmigrantes, que somos nosotros”.
“Vamos a aprender nuevas formas de comunicación, para entender como el imputado ingresó a ese mundo y desarrolló las conductas que aquí se demostrarán. Cuando empezamos a trabajar en estos hechos, necesariamente tenemos que valorar dos perspectivas en estos casos; la primera de ellas es violencia de género, todas las víctimas son niñas y adolescentes. A la vez que son menores de edad, por eso se debe contemplar el interés superior del niño, niña y adolescente”, agregó Govetto.
El fiscal jefe Martín Lozada se refirió al estado general del imputado, “dado que se intentará echar por tierra la posibilidad de que el imputado hubiera superado el test de culpabilidad, conforme las reglas que rigen la cuestión vinculada al principio de culpabilidad en la dogmática jurídico penal contemporánea. Se afirmará que un traumatismo encéfalo-craneano sufrido por el hombre en la región frontal, obstaculiza su normal funcionamiento psíquico y cognitivo y que se trata de una circunstancia de orden médico-psiquiátrica que obtura su capacidad de responder penalmente por los hechos que le atribuye la fiscalía”.
Sin perjuicio de ello, durante el desarrollo del debate podremos advertir la existencia de una serie puntual de circunstancias que hacen a su estado general y a su adecuación a los criterios que dan fundamento a la punición en nuestro Estado de Derecho, expresó Lozada. Y agregó que “se demostrará en este debate que el acusado ha superado con creces el test de culpabilidad, lo cual habilita su punición por autoría de delito doloso en nuestro sistema de garantías constitucional”.
El defensor particular del acusado al sostener su teoría del caso manifestó al respecto del estado de su defendido y las consecuencias sufridas a raíz de un accidente laboral, “que le cambio la vida”. Se refirió además a la validez de la prueba obtenida en el peritaje de dos dispositivos electrónicos.
El imputado se encuentra con prisión preventiva, alojado en un establecimiento penal de la provincia de Río Negro, desde el momento de la formulación de cargos, audiencia que se llevó a cabo en diciembre del año pasado, medida que fue prorrogada en función de los riesgos procesales de entorpecimiento a la investigación.
Este debate continuará
desarrollándose por varios días donde se producirá la prueba presentada por las
partes. Está previsto que declaren ante el tribunal, alrededor de 40 personas,
algunas procedentes de distintos lugares del país y otras harán lo propio a
través del sistema de videoconferencia.
“Hay un limitado el acceso al público debido a la entidad de los delitos que se
le atribuyen al acusado y en pos de proteger a las víctimas que son en su
mayoría niñas y adolescentes, para evitar su revictimización”, se informó.
