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La jueza de Familia de General Roca, Andrea Tormena convocó esta semana a una audiencia con los responsables de todos los organismos públicos que intervienen en la temática de salud mental y, especialmente, quienes tienen a su cargo distintos aspectos de la internación involuntaria en la que se encuentra la mayoría de las13 personas alojadas en el Instituto Valle Sereno de Roca.
La problemática viene siendo analizada desde hace tiempo en un expediente judicial que tiene como fin “adecuar las condiciones de tratamiento de ese grupo de personas, a quienes se debe garantizar una pronta externación y acompañamiento domiciliario o en instituciones de medio camino”, se informó oficialmente.
“Esa premura responde a que, según los dictámenes de los equipos técnicos, las mayoría de ellas no cumplen con los extremos que exige la ley para una internación forzosa. Si bien se trata de personas con discapacidades o trastornos graves, que conforman un colectivo especialmente vulnerable, no se trata de pacientes que representen riesgo cierto e inminente para sí mismos o para terceros ni padecen estados de descompensación aguda, que son los únicos supuestos que la ley admite para que se ordene y/o mantenga una internación involuntaria, en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
“Especial participación en la audiencia tuvo la defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, porque la Defensoría depende el órgano de revisión provincial que prevé la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Se trata de un ente autárquico que vela por las garantías y derechos humanos de las personas con trastornos mentales”.
Estuvieron presentes en la audiencia el defensor general del Poder Judicial, Ariel Alice; los defensores de Menores e Incapaces de Roca Elizabeth Quesada y Maximiliano Nimfo, la psiquiatra del Cuerpo de Investigación Forense Celina Vermal, la licenciada en Servicio Social del Ministerio Público, Celeste Vicente; tres representantes del Instituto Valle Sereno; dos representantes de la Delegación local de IPROSS, entre ellas, la delegada Carolina Llamas; el abogado Francisco López Raffo por la Fiscalía de Estado de Río Negro; la coordinadora de Salud Mental de Río Negro, Susana Santillán; la secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud de Río Negro, Mercedes Iberó y la asesora legal del Ministerio, Betina Tognoli; y tres referentes de la Subsecretaría de Salud de Neuquén.
Durante la audiencia se analizó la situación particular de cada una de las 13 personas internadas cuyos procesos dependen del Juzgado N° 16, a cargo de Tormena. Al respecto, los representantes de los organismos de Salud de Río Negro y Neuquén se comprometieron a presentar en un plazo máximo de 15 días un informe de situación de cada uno y un plan concreto orientado a su externación, lugar de alojamiento y modalidad de acompañamiento terapéutico que necesitarán.
En otro tramo de la reunión, los representantes de Valle Sereno y las autoridades de Salud acordaron articular la readecuación obligatoria de la institución a las pautas que fija la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, ejerciendo la Defensoría del Pueblo y la Defensoría General del Poder Judicial la función de “monitoreo” de los compromisos asumidos por cada parte en el proceso y su colaboración para una mejor articulación entre los organismos pertinentes.
La jueza convocó a una próxima audiencia para el 22 de octubre, con el fin de analizar los avances concretos en las gestiones comprometidas. Para esa fecha, el órgano de revisión de Salud Mental de Río Negro ya tendría designado un secretario o secretaria Ejecutivo, a quien la jueza amplió la convocatoria a la reunión junto a su par de Neuquén.
