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En una audiencia realizada en General Roca, la jueza de garantías María Gadano ordenó prorrogar hasta el 30 de octubre la prisión preventiva que pesa sobre Jorge Alberto Quiroz, quien el 23 de este mes fue declarado, por un Tribunal Colegiado, autor penalmente responsable del delito de “lesiones graves doblemente agravadas, por ser pareja de la víctima y por haber sido cometidas en un marco de violencia de género”.
La próxima instancia del proceso es la audiencia de cesura, cuya fecha aún no ha sido definida, en la que se discutirá el monto de la pena que deberá cumplir el imputado. La escala penal aplicable será de 3 a 10 años de prisión.
En la audiencia, tanto la fiscal jefe Graciela Echegaray como el abogado querellante Marcelo Herzriken Velasco solicitaron la extensión de la prisión preventiva que pesa sobre el imputado, la cual está vigente desde la formulación de cargos realizada en enero pasado.
Por su parte, el defensor particular Carlos Vila solicitó la libertad y, eventualmente, el reemplazo de la detención por una medida menos gravosa como el depósito de una fianza (sugirió una suma de hasta 100.000 pesos) o la libertad controlada con dispositivos electrónicos.
Para los acusadores, con el veredicto de culpabilidad dictado días atrás se potenció el peligro de fuga. “El grado de culpabilidad a partir del veredicto ha aumentado y se incrementa el peligro de fuga porque las condiciones del imputado así lo permiten”, señaló la Fiscalía en alusión a las posibilidades económicas concretas del imputado.
El querellante agregó las facilidades que estima podría tener en función de “sólidas vinculaciones” familiares con una fuerza de seguridad. Sostuvo, además, que si el imputado queda en libertad, la víctima podría ver condicionada su declaración en la futura audiencia de cesura.
Ambos acusadores señalaron también que solicitarán penas de prisión efectiva en el inminente juicio de cesura, descartando las chances de la pena mínima legal de tres años de ejecución condicional.
Al momento de resolver la jueza coincidió con los acusadores en cuanto al “peligro de fuga”, en función del mayor grado de culpabilidad que supone el reciente veredicto condenatorio.
Explicó que, según el Código Procesal Penal, corresponde en este caso evaluar el riesgo de fuga según el “arraigo” del imputado, “determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo”, como lo define la ley, y por “las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto” que éste pueda presentar.
Después de esa precisión señaló que las partes no le brindaron precisión alguna sobre el arraigo del imputado, imposibilitando así cualquier posibilidad concreta de dictar, por ejemplo, una prisión preventiva domiciliaria u otra medida cautelar que sustituya la detención.
Por último, sopesó la “gravedad” del delito cometido y dio razón a la fiscalía en cuanto a la posibilidad económica de fuga, valorando tanto los ingresos declarados por la familia del acusado como la elevada oferta de fianza realizada en la audiencia.
Violencia de género: dos meses de prisión preventiva por desobedecer órdenes judiciales
Un sujeto de Catriel que hostiga constantemente a su ex pareja en un contexto de violencia de género deberá cumplir 60 días de prisión preventiva. Infringió reiteradamente las órdenes de las juezas de Paz y de Familia, estuvo arrestado en varias oportunidades e incluso ingresó a un organismo oficial mientras la víctima solicitaba ayuda y resguardo.
El juez de garantías Marcelo Gómez dictó 60 días de prisión preventiva y envió al hombre a un establecimiento penal. La fiscalía, en ese mismo plazo, llevará al acusado a juicio.
Surge del expediente por Ley 3040 que a principios de este año la jueza de Paz de Catriel, Georgina Garro, dictó una prohibición de acercamiento como medida de protección de la víctima. Luego intervino la jueza de Familia de Cipolletti Marissa Palacios, quién primero ratificó la disposición y después ordenó días de arresto por nuevos hechos de hostigamiento.
La víctima gestionó incluso un botón antipánico pero, por problemas de conexión, su uso no garantizaba la seguridad de la mujer. El juez Marcelo Gómez dictó la preventiva por entorpecimiento de la investigación y basó su resolución en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Consideró que existen medidas de protección en otros fueros pero que no han sido efectivas porque el hombre no las cumple.
En los últimos hechos que consignó la Fiscalía en la formulación de cargos, el hombre le cruzó un auto en plena vía pública e impidió la circulación de la mujer que se movía en bicicleta. En ese contexto la amenazó y luego ingresó a una oficina pública para buscar a la víctima, mientras ella solicitaba ayuda y resguardo.
Foto ilustrativa: Poder Judicial de Río Negro
