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Un sujeto condenado a 16 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores permanecerá privado de la libertad por 12 meses o hasta que la sentencia quede firme, porque la Fiscalía de Cinco Saltos acreditó el riesgo de fuga del acusado. Su identidad no fue difundida oficialmente.
En cambio, se informó que el imputado fue condenado por el Tribunal integrado por los jueces Álvaro Meynet, Alejandra Berenguer y Sonia Martín a 16 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.
Por el Ministerio Público Fiscal, realizó el pedido de encarcelamiento cautelar la fiscal Eugenia Vallejos, mientras que el magistrado que resolvió dictar la prisión preventiva es Marcelo Gómez
Vallejos expuso que se tomó conocimiento que el acusado estaba planeando abandonar el país por lo que se dispusieron distintas medidas de investigación para corroborar lo anterior.
Al respecto, mencionó que recientemente el individuo había renunciado al trabajo que mantuvo por más de 30 años y que en los próximos días cobraría la correspondiente liquidación. La Fiscalía calificó el arraigo que presentaba en la zona como precario y sumó que el acusado no cumplió con los cargos de presentación fijados por el Tribunal ante la sede del Ministerio Público Fiscal en Cinco Saltos.
Por otro lado, el sujeto habría mudado su domicilio sin solicitar e informar al Tribunal.
La fiscal consideró que durante la audiencia se había acreditado que en caso de permanecer en libertad aquél podría intentar darse a la fuga para evitar así cumplir con la condena que recayó en su contra.
La defensa, a cargo del abogado particular Federico Diorio, solicitó medidas menos graves para su cliente, entre las que mencionó la posibilidad de acceder a una prisión domiciliaria.
El juez Marcelo Gómez consideró probado el riesgo procesal argumentado por la representante del Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva del acusado por el plazo de un año.
En cuanto al proceso judicial se informó que el sujeto fue condenado por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores y que la resolución fue confirmada por el Tribunal de Impugnación provincial y por el Superior Tribunal de Justicia y actualmente se encuentra recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
