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Doce empleados de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche fueron imputados por diferentes hechos al momento de emitir licencias de conducir que constituyen el delito de falsedad de instrumento público, cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Dos de las personas imputadas hicieron una presentación para cambiar su
asistencia legal, por lo que solicitará una nueva audiencia para formular
cargos a la que se sumará otra persona que no fue debidamente notificada.
Se les atribuye los hechos sucedidos en el período comprendido entre los años
2014 al 2016, cuando los imputados todos agentes públicos que prestaban
funciones en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche, habrían conformado “una organización sostenida en el tiempo, de modo
permanente, cohesionado y con división de roles”.
Tenía como fin la confección y comercialización de licencias de tránsito
del sistema nacional de Licencias de Conducir, dependiente de la Dirección
Nacional de Seguridad Vial (DNSV), sorteando todas aquellas formalidades
exigidas por ley (no tener multas, infracciones, no estar inhabilitado en el
sistema, exhibir libre deuda municipal, cumplir los controles médicos
correspondientes, rendir exámenes de aptitud, en aquellos casos que
correspondía, no tener antecedentes penales, como así también abonar los
formularios CENAT), detallaron hoy fuentes judiciales.
Luego, procedían en cada caso a la entrega de una licencia de conducir, que
resultaba un instrumento apócrifo, pues más allá de la autencicidad que exhibía
en su apariencia exterior, el documento público contenía declaraciones falsas.
Según la acusación, los imputados contaron con la participación necesaria de
una persona ajena al área de Licencias, que se ocupaba de captar a los
interesados y ofrecía esa modalidad de obtener una licencia de conducir, previo
pago de un monto de dinero. Suma que no ingresó por los canales normales de
pago, defraudando de esta manera al Municipio, dado que por cada licencia que
emitía se debía rendir las sumas recaudadas al Ministerio del Interior de la
Nación, con un perjuicio considerable dada la importante cantidad de licencias
emitidas de esta forma.
Procedían luego, en cada caso a la entrega de una licencia de conducir, que
resultaba un instrumento apócrifo, pues más allá de la autenticidad que exhibía
en su apariencia exterior, el documento público contenía declaraciones falsas
sobre hechos a cuya prueba estaría destinado,
Describió luego el fiscal Guillermo Lista “el importante material probatorio
que sustenta la acusación, en el cual se puede mencionar informes del director
de Informática del Poder Judicial, que constató que un buen número de licencias
fueron emitidas los días sábados, domingos fuera de horario laboral y feriados.
Se agregan además Informes del Área de Investigaciones Judiciales de la Policía
de Río Negro, Informe de la OITEL con el análisis de llamados salientes y
entrantes de las líneas de teléfono investigadas, entre otros”.
El municipio constituido como querellante representado en la audiencia de hoy
por la asesora letrada municipal Natacha Vázquez y Marcela González Abdala,
junto al jefe de Gabinete Marcos Barberis, adhirieron al planteo de la Fiscalía.
Los imputados asistidos en algunos casos por dos defensores particulares y el
restante de ellos por los Defensores Públicos Juan Pablo Laurence y Mónica
Goye, no brindaron declaración alguna. En el caso de los defendidos por el
defensor público Laurence harán lo propio en otro momento del proceso. Todos
los letrados no manifestaron objeción alguna a la formulación de cargos ni al
plazo solicitado.
El juez de garantías Ricardo Calcagno dio por formulados los cargos y otorgó el
plazo extraordinario de un año para llevar adelante la investigación; tal lo
previsto en el artículo 219 del Código Procesal (Procedimiento para asuntos
Complejos).
Fuente: Poder Judicial de Río Negro
