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Un sujeto que, desde Bariloche, cometía delitos informáticos contra la integridad sexual de niñas y adolescentes, residentes en esa y otras ciudades argentinas y del exterior, fue imputado por la Justicia rionegrina. Actualmente, está detenido.
Las víctimas habrían sido contactadas mediante redes sociales, mensajes a través de Whatsapp, Facebook e Instagram. Una vez establecido el contacto, requería le envíen imágenes y videos de desnudos, lo que efectivamente ocurrió, llegando a extorsionarlas y amenazándolas para ello con la posible publicación en internet.
Ayer, el fiscal barilochense Martín Govetto, junto a la fiscal adjunta Mariana Lascano y Nieves Papa Tello, del equipo de la fiscalía, formuló cargos al sujeto sospechado de la comisión de 26 diferentes hechos que constituyen los delitos de grooming, corrupción de menores, tenencia de pornografía infantil y distribución de pornografía infantil.
Todo ello de acuerdo a lo normado en los artículos 125 último párrafo, 128, 131, 149 bis del Código Penal, en calidad de autor. Se solicitó prisión preventiva por el mismo plazo de la investigación.
En algunos de los hechos detallados en la audiencia se menciona que “engañando a las menores respecto de su verdadera identidad, comenzó a tener conversaciones con ellas, realizando preguntas de enganche, buscando fidelización y luego iniciando una seducción. El imputado utilizando otros perfiles falsos les mandaba fotos de los perfiles de familiares, diciéndole de manera intimidante que se las iba a enviar”.
Esta investigación se viene desarrollando desde hace un año, junto al equipo de la fiscalía trabajaron la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones del Ministerio Público Fiscal, el Cuerpo de Investigaciones de la Policía de Río Negro, unidades policiales donde se radicó la denuncia, Oficina de Atención a la Víctima que entrevistaron y contuvieron a las víctimas y los defensores de Menores Natalia de Rosa y Javier Ospital.
La acusación formulada tuvo como sustento actas de denuncias penales y entrevista con diferentes víctimas, informes de la Oitel, fotografías y videos obtenidos, diversas testimoniales, centenares de fotos y videos, entre otros materiales probatorios.
El fiscal Govetto solicitó además una medida cautelar por el término de la investigación, considerando el “peligro que representa una persona de tales características en ejercicio de la libertad, el riesgo para los menores de que siga repitiendo estas acciones”.
Agregó que puede entorpecer la investigación “pudiendo generarse la posibilidad de acceder remotamente al alojamiento en diferentes dispositivos de los materiales que sirven de prueba en esta causa, más allá de los secuestros realizados” entre otros argumentos esgrimidos ante el Juez de Garantías Juan Martín Arroyo.
El acusado acudió a la audiencia en calidad de detenido y fue asistido legalmente por el defensor oficial Marcelo Alvarez Melinger, quien no formuló objeciones a la formulación de cargos pero en cambio se opuso a la medida cautelar.
El defensor de Menores Javier Ospital adhirió al planteo de la fiscalía de la solicitud de una medida cautelar ante la necesidad de neutralizar el riesgo procesal.
En una audiencia celebraba en el mes de septiembre el fiscal Govetto solicitó se dicte una medida de prohibición de acercamiento a las denunciantes y sus entornos familiares y se autorice el peritaje por parte de la OITEL de diversos dispositivos tecnológicos.
El juez de Garantías Juan Martín Arroyo dio por formulados los cargos habilitando la investigación por el término de cuatro meses e impuso el mismo plazo de prisión preventiva por considerar existentes riesgos procesales de entorpecimiento a la investigación y la necesidad de brindar resguardo a las víctimas que son niñas y adolescentes, durante el proceso.
Declaración de culpabilidad por corrupción de menores agravada
La Unidad Fiscal Temática de delitos contra las Personas, representada por Eugenia Vallejos logró comprobar su teoría del caso y ayer al mediodía el Tribunal integrado por Álvaro Meynet, Guillermo Baquero Lazcano y Sonia Martín declaró culpable al acusado del delito de corrupción de menores agravada. En las próximas semanas tendrá lugar el juicio de cesura en el que se determinará la pena del imputado.
“Este caso resultará un precedente por las dificultades que se tuvo para avanzar en el proceso y obtener la declaración de la menor en la Cámara Gesell”, afirmó Vallejos. “No se trata de un caso común y estamos muy satisfechos por la resolución del Tribunal”, agregó.
La representante del Ministerio Público también destacó la tarea de la Oficina de Atención a la Víctima quien trabajó activamente desde la radicación de la denuncia para permitir que la menor pudiera superar las dificultades que le producían declarar frente de la psicóloga del Poder Judicial.
La calificación legal en la cual la representante del Ministerio Público encuadró el caso es la de corrupción de menores agravada por la relación de convivencia entre la víctima y el imputado y abuso sexual infantil agravado. El delito mencionado contempla penas que van desde los diez años de prisión de cumplimiento efectivo.
“Este caso resultó un verdadero desafío porque teniendo en consideración los plazos del nuevo Código Procesal Penal y la fecha de formulación de cargos, resultó de vital importancia darle la confianza a la víctima para que pueda contar lo que le ocurrió”, explicó la fiscal.
Meses atrás, la fiscalía formuló cargos en contra del acusado y a partir de esa fecha comenzó a correr el plazo para la recolección de evidencias.
El imputado permanecerá en libertad, cumpliendo pautas de conductas que incluyen presentaciones periódicas y prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con la víctima hasta tanto la sentencia quede firme. Se debe recordar que según lo estipulado en Código Procesal Penal vigente en todo proceso penal la libertad del acusado es la regla y el encarcelamiento es la excepción y que sólo se da ante la presencia de determinados riesgos procesales que deben ser demostrados por la parte que lo solicita.
En las próximas semanas tendrá lugar el juicio de cesura en el cual se deberá determinar la pena correspondiente para el acusado. Tal como se mencionara anteriormente, la pena para el delito por el cual fuera declarado culpable inicia desde los diez años de prisión, por lo que indefectiblemente será de cumplimiento efectivo.
