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El 21 de diciembre de 2017, una mujer ingresó violentamente, junto a otra persona, a la delegación local del Instituto Provincial de Seguridad Social (IPROSS) exigiendo la modificación de la modalidad de traslado para la atención de un familiar desde la ciudad de Bariloche a Cipolletti. En principio, se había autorizado en colectivo o ambulancia, pero la acusada requería que el mismo se realice en taxi.
Ahora, se la acusa que habría impedido el normal desarrollo de la actividad de la obra social provincial (IPROSS) con una violenta irrupción en el organismo e intimando al personal que trabaja en el lugar a cumplir con sus exigencias respecto de una modificación en la modalidad de transporte. La imputada requería se autorice un traslado de Cipolletti a Bariloche en taxi aunque el organismo lo había previsto en micro o ambulancia.
El fiscal jefe, Gustavo Herrera, sostuvo en sus alegatos de apertura que no se busca una pena de prisión efectiva para la imputada, pero que la mujer ha protagonizado en el pasado y en más de una oportunidad situaciones similares con agresiones a los trabajadores del IPROSS y que en ese momento accedió a los beneficios procesales del criterio de oprtunidad, sin cesar en la modalidad de sus reclamos.
“La razón de este juicio es la de imponer límites a las conductas violentas. Quien pretende hacer valer un derecho tiene toda la facultad de hacerlo, pero debe realizarlos dentro del marco de la ley”, sintetizó Herrera.
Según le indicó la referente de la obra social en la ciudad, esas autorizaciones debían realizarse con autorización de la sede central del organismo en Viedma y suelen tardar algunos días. Ante esta respuesta la mujer actuó de forma violenta e intimidatoria y no permitió el normal desenvolvimiento de la institución.
En esas circunstancias increpó a una de las médicas auditoras – la cual no realizaba las autorizaciones de trámites de esa afiliada en particular porque había sufrido agresiones e intimidaciones tiempo atrás – ingresando sin autorización a su oficina y profiriéndole amenazas.
El fiscal explicó que si bien la hija de la mujer sufre una discapacidad, en la ciudad hay alrededor de 300 personas afiliadas al IPROSS que en iguales condiciones reciben la cobertura de salud prevista y canalizan los reclamos por las vías correspondientes, ya sea administrativas o judiciales.
Como principales evidencias del caso, el representante del Ministerio Público indicó que se cuenta con declaraciones de distintas personas que trabajan en la obra social, del personal policial que hacía adicionales en el lugar y con videos en los que se observan distintas situaciones en las cuales la mujer demuestra su violento proceder en la protesta.
El abogado Juan Pablo Martín, apoderado por la querella impulsada por la delegada del Ipross local, adhirió a la acusación fiscal y a las pruebas ofrecidas para el juicio.
El defensor oficial, Sebastián Nolivo, representante legal de la acusada, adelantó que desde su punto de vista el hecho resulta atípico. Respecto de las amenazas sostuvo que se enmarcaron en una acalorada discusión y por otro lado señaló que no está acreditado que el organismo no funcionó con normalidad con posterioridad al incidente.
El debate oral y público continuará el jueves a partir de las 08:30 en el edificio judicial de España y Urquiza en Cipolletti.
Fuente: Poder Judicial de Río Negro
