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Un fiscal de Bariloche imputó a un sujeto por el delito de exhibiciones obscenas. Se le atribuye el hecho protagonizado el 22 de enero de 2018, estimativamente a la hora 12.30, en inmediaciones de la calle Neuquén, donde habría ejecutado actos y exhibiciones obscenas expuestas a ser visto involuntariamente por terceros que circulaban por el lugar.
El fiscal Martín Govetto sustentó el hecho con el acta de procedimiento policial con croquis ilustrativo y el relato de quienes circulaban por la zona, como material probatorio.
El acusado acudió a la audiencia asistido legalmente por el defensor oficial Marcos Ciciarello, quien solicitó se elabore un informe psicológico del imputado por parte del Cuerpo Médico Forense y no manifestó objeciones a la formulación de cargos.
El juez de garantías Juan Martín Arroyo dio por formulados los cargos y aprobó el plazo requerido de dos meses para llevar a cabo la investigación.
Tribunal de Impugnación confirmó fallo con perspectiva de género por abuso sexual cometido en Allen
El Tribunal de Impugnación confirmó por unanimidad la condena que un Tribunal de Juicio de Roca había impuesto a un ex funcionario municipal de Allen (su identidad no fue difundida oficialmente en ningún momento del proceso judicial) por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal en concurso real con coacción”.
El fallo, con voto rector del juez Miguel Ángel Cardella y adhesión de sus pares Adrián Zimmermann y Carlos Mussi, ratificó la decisión del Tribunal roquense y detalló fundamentos, legislación y jurisprudencia sobre la “perspectiva de género” en el juzgamiento de delitos penales.
En marzo pasado, los jueces de juicio Gastón Martín, Alejandro Pellizzón y Laura Pérez dictaron el veredicto de culpabilidad respecto del imputado J.D.P. y en abril le impusieron una pena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva.
El delito ocurrió la tarde del 15 de enero de 2015 en un local partidario de la zona norte de Allen. El imputado tenía un cargo de relevancia en la municipalidad y era referente de una agrupación política, en tanto que la víctima era una joven contratada por la administración comunal, lo que le permitió al hombre “aprovecharse de la relación preexistente de poder que tenía”.
En ese contexto y mediante el uso de la fuerza, abusó sexualmente de la joven luego de haberla citado al local “simulando una reunión de la agrupación política”. El Tribunal también tuvo por acreditado el delito de coacción porque “para lograr su impunidad él le dijo que si ella hablaba la iba a dejar sin trabajo”.
Contra esa sentencia, la defensa de J.D.P. interpuso un recurso de impugnación por considerar que se afectó “el debido proceso legal y el principio de inocencia” por “carecer de fundamentación suficiente” y por el peso probatorio otorgado al testimonio de la víctima.
