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A partir de la sanción, el pasado 22 de marzo, de la ley rionegrina que elimina la obligatoriedad de publicar en los medios gráficos de mayor tirada los avisos que comunican actos de gobierno, como licitaciones o llamados a concurso, “el Estado de Río Negro está en condiciones de realizar un sustancial ahorro” en la materia. En 2017, el gasto en las publicaciones superó $19.000.000, según estimaciones oficiales.
La nueva norma, impulsada por el Poder Ejecutivo con acuerdo general de ministros, según recordaron hoy fuentes gunernamentales, modificó el sistema de notificaciones por edictos y las publicaciones que comunican actos administrativos y/o procesales que pretenden garantizar derechos de los ciudadanos, incluidas las dispuestas en distintos ordenamientos legales y los actos de gobierno como llamados a concursos o licitaciones que pretenden amplia difusión y fácil acceso.
“Estas medidas se vinculan con el plan de modernización del Estado, que busca lograr una gestión de calidad que posibilite la provisión eficaz y eficiente de bienes y servicios públicos a los ciudadanos, aprovechando las nuevas tecnologías y en coincidencia con la puesta en marcha de instrumentos como el boletín digital y las firmas digitales y electrónicas”.
De esta manera, todas las publicaciones exigidas legalmente al sector público provincial deberán realizarse en el boletín oficial de Río Negro, sin perjuicio de disponerlo adicionalmente en los sitios web oficiales respectivos de cada repartición, redes sociales oficiales y medios de comunicación oficiales, o incluso de disponerse una publicación adicional cuando las circunstancias así lo determinen.
“Independientemente de la modernización del sistema que esta norma representa, el Estado rionegrino en su conjunto podrá tener un importante ahorro en materia de publicaciones. En el año 2017, el Poder Ejecutivo desembolsó un total de $11.079.645 en la publicación de avisos de licitaciones, concursos de precios, convocatorias y edictos. Por su parte, el Poder Judicial hizo lo propio por poco más de $8.000.000”.
Previamente, la Legislatura sancionó la Ley Nº 5.261 por la cual se sustituyó la histórica regulación del boletín oficial, manteniendo no obstante el reconocimiento de éste como periódico oficial de la Provincia de Río Negro.
“De esta manera, se incorporan conceptos de eficiencia y modernización a través del uso exclusivo de medios tecnológicos, en línea con la política de digitalización y despapelización de los trámites, garantizando la observancia del principio de publicidad”.
“El nuevo marco regulatorio prioriza la centralización de la información emanada del sector público provincial, facilitando su acceso a la comunidad y detentando validez jurídica los documentos generados electrónicamente en el ámbito del boletín oficial, a través de prácticas que garantizan niveles de seguridad y eficiencia”.
“Esto agiliza el acceso de la población a la información a través de Internet, permitiendo un conocimiento remoto con amplia disponibilidad horaria”.
“Esta nueva ley se fundamentó además en el hecho que la obligatoriedad de publicar los edictos a través de medios gráficos impresos ha perdido efectividad en pos del objetivo central, esto es, que la ciudadanía acceda a la información pública. Más aún si debe pagarse por ello, lo cual se convierte en otra limitación, discriminatoria entre quienes pueden o no comprar la versión impresa”.
“Por ello, se considera una forma más directa, efectiva y abarcativa de cumplir con la obligación de los edictos, la utilización del boletín oficial de Río Negro que se publica con firma digital en el sitio oficial web de la provincia de Río Negro, facultando incluso a la edición exclusiva de edictos”.
“También se posibilita el uso de los sitios web y redes sociales oficiales de cada repartición, manteniendo además la posibilidad de recurrir a los medios impresos en aquellos casos y localizaciones geográficas específicas impidan u obstaculicen la difusión que se impulsa como principio general”, puntualizó un extenso comunicado oficial.
