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Por “los persistentes reclamos relacionados a la producción de contaminación sonora, disturbios y afectación de la vida del vecindario situado en cercanía a los bares instalados sobre calle Juramento y 20 de Febrero de Bariloche”, la Defensoría barilochense elaboró una nueva recomendación.
El organismo solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que suspenda las actividades del Paseo de la Montaña hasta tanto adopte las medidas pertinentes para evitar la emisión de ruidos molestos, la ocupación indebida de los espacios públicos y considere el acceso a las viviendas de vecinos/as del lugar, como así también las cuestiones sanitarias, técnicas y de seguridad descriptas en los considerandos de la presente.
También requirió que la Dirección de Inspección General se instruya en el manejo del decibelímetro y puedan realizar las mediciones de la manera más óptima, para así planificar una estrategia de contención de daño que genera la contaminación sonora, al tiempo que pide al Concejo Municipal que evalúe la normativa sobre ruidos molestos y su posible modificación a efectos de otorgar parámetros claros y precisos para determinar cuándo un ruido es molesto o no, conforme lo manifestado por el Departamento de Fiscalización Ambiental.
Por otra parte, explicó que la normativa existente no habilitaba a que el Paseo funcione en diciembre de 2016, cuestión que ocurrió “con el agravante que el acceso a justicia es más dificultoso durante la feria judicial”.
“La problemática no es novedosa, aunque se agravó. Desde hace largos años que vecinos/as del lugar han presentado sus reclamos y planteado diversas situaciones relacionadas a la imposibilidad de realizar su vida diaria con normalidad debido a la cantidad de emisión sonora que emanan de los bares del lugar; como así también por el gran impacto que dichas actividades tienen sobre su cotidiano”.
“No solo por los clientes del lugar que deambulan hasta altas horas de la madrugada luego de la ingesta alcohólica, sino también por las obras que realizan los locales algunos de los cuales están sometidos al régimen de propiedad horizontal y en algunas otras ocasiones porque colocan vallas o mesas que alteran el normal uso de los espacios públicos”.
Por tal motivo, la Defensoría ya había elaborado en 2015 una recomendación vinculada a esta problemática urbana (número 225-Paseo de las Picadas), por lo que el Estado Municipal no ha brindado soluciones al vecindario. Por el contrario- señala la recomendación que lleva el número 17 del 2016- parecería generarse un marco de impunidad cada vez mayor, atento que en la actualidad se genera el espacio denominado Paseo de Montaña sin siquiera tener una resolución que le otorgue sustento legal.”
“Sin dudas, la situación es hoy más compleja pues incluye denuncias por habilitación de cocinas que provocan olores, y la depreciación económica de las propiedades con el inevitable impacto patrimonial que esto implica si los habitantes del lugar deciden vender o alquilar, para evitar el daño que esta situación trae aparejado en su calidad de vida”.
“La recomendación señala que ya durante el mes de diciembre se afectó aún más la vida de los vecinos con la instalación de parklets, muebles urbanos que contienen una mesa y bancos para sentarse ubicados sobre la calle misma, casi en el mismo lugar, donde se estacionan los autos. La primer pregunta que surge es: en caso de producirse un siniestro dañoso ¿ quién responde? ¿El propietario? ¿El frentista?¿ La Municipalidad?”.
“Los bancos no sólo avanzan sobre el espacio público, tampoco es claro quién respondería ante un siniestro dañoso y estas estructuras se convierten en un peligro para los adultos mayores, personas con discapacidad al momento de acceder a sus viviendas, o transitar por la vereda (caso de la ochava de Juramento y 20 de febrero). Por otra parte, en el plano de la seguridad esta Defensoría cuestiona la inexistencia de un plan de evacuación de la zona, ante cualquier tipo de siniestro”, concluye el extenso comunicado de la Defensoría.
La presente intervención de la Defensoría tiene el objetivo de subsanar la afectación de la vida y los derechos de vecinos/ as en tres aspectos: sanitarios, técnicos y de seguridad y señala a las áreas de gobierno involucradas que deben dar respuestas al vecindario afectado en sus derechos.
