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La Fiscalía Descentralizada de Rio Colorado reformuló cargos a una médica tocoginecóloga y a un licenciado en obstetricia, por un hecho que habría ocurrido el 17 de junio en el hospital de esa ciudad.
Según la acusación fiscal, entre las 8 de la mañana y las 13 de ese día, “lo investigado sucedió en circunstancias en que la víctima cursaba un trabajo de parto avanzado, encontrándose bajo asistencia del hombre imputado en ejercicio de su rol profesional”.
“Durante la atención y en presencia de la pareja de la gestante, el imputado adoptó maniobras expresamente desaconsejadas por la práctica médica y apartadas de lo esperable o deseable para asistir un trabajo de parto estacionario y contrarias a las guías actualizadas y consensos internacionales de atención obstétrica”, describió el fiscal.
“Además, habría ejercido un trato hostil hacia la mujer, lo que configuró un contexto de violencia obstétrica en los términos del artículo 6 inc. e de la Ley 26.485”, agregó el Ministerio Público Fiscal.
“Como consecuencia de dichas acciones, el bebé por nacer habría sufrido un cuadro de características vitales, derivando en su muerte”, dijo el fiscal.
La descripción del hecho explica que en “la sala de partos también se encontraba la otra imputada, médica especialista en tocoginecología que, pese a presenciar las irregularidades desplegadas por el licenciado, habría omitido intervenir y disponer las medidas necesarias para
resguardar la integridad de la señora y la vida del bebé por nacer”.
“Tales conductas fueron desplegadas por ambos imputados en el marco del incumplimiento de los deberes funcionales que le correspondían como profesionales de un hospital público”, culminó el fiscal.
De esta manera, y luego de haber continuado con la investigación, el equipo fiscal solicitó al juez de Garantías que tenga por re formulados los cargos por la calificación legal de “homicidio culposo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en un contexto de violencia obstétrica”, según los artículos 45, 84 y 248 del Código Penal y Artículo 6 inciso de la Ley 26.485, para el hombre imputado.
Mientras que para la mujer: “homicidio culposo (de comisión por omisión) en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en un contexto de violencia obstétrica”, según los artículos 45, 84 y 248 del Código Penal y artículo 6 inciso de la Ley 26.485.
Finalmente, el juez resolvió tener por re formulados los cargos, y sostener las medidas cautelares vigentes, entre ellas la prohibición de salir del país.
Estrictas medidas cautelares a una mujer investigada por el presunto ejercicio ilegal de la medicina
Una Fiscalía solicitó la imposición de estrictas medidas cautelares con el objetivo de resguardar la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía General por autoridades del Ministerio de Salud de Río Negro.
El equipo fiscal señaló que “los hechos objeto de este legajo habrían sido cometidos desde el año 2020 hasta el momento en que se le retiró la matrícula, el pasado 3 de marzo, y se produjo su desvinculación laboral de una clínica privada de General Roca”.
“Durante ese período, la mujer habría iniciado el trámite ante las autoridades competentes para la convalidación de un título —que sería apócrifo— de ‘médica cirujana’, supuestamente expedido por la Universidad de Los Andes de la República Bolivariana de Venezuela. Con ello, habría obtenido la autorización correspondiente y ejercido la medicina de manera ilegal, desempeñándose en terapia intensiva en la Clínica Roca, en consultorios privados de CIROM como médica clínica, en el hospital local y presuntamente también en el Sanatorio Juan XXIII”, describió la fiscal del caso.
En función de lo anterior, la fiscalía atribuyó provisoriamente los delitos de ejercicio ilegal de la medicina (Artículo 208 inciso 1°), usurpación de títulos (Artículo 247), falsificación de documento público (artículo 292 inciso 1°), uso de documento público falso (artículo 296) y defraudación agravada contra la administración pública.
En el marco de esta investigación incipiente, el Ministerio Público Fiscal ha llevado adelante diversas medidas, entre ellas allanamientos en el domicilio de la mujer y en el de un familiar, así como diligencias en centros de salud de General Roca, que se encuentran aportando voluntariamente la documentación requerida.
Se detalló el secuestro de diversa documentación —incluyendo títulos, sellos, recetarios—, medicación, dispositivos electrónicos y registros vinculados a la actividad médica, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes por equipos del Ministerio Público y del Poder Judicial.
En relación con el pedido de medidas cautelares, la fiscal invocó el riesgo procesal de fuga. “Durante aproximadamente seis años habría ejercido la medicina de manera ilegal, obteniendo ingresos que evidencian una determinada solvencia económica y patrimonial, lo que podría facilitar una eventual evasión de la justicia. Además, en los allanamientos se secuestraron pasaportes tanto de la imputada como de su grupo familiar”, explicó.
Agregó que “si bien no se trata de una audiencia de juicio, resulta indispensable resguardar el proceso. Existen indicios concretos de solvencia económica; el domicilio donde reside no es alquilado y cuenta con un vehículo —una camioneta Fiat Toro automática— que también fue requisado”.
Las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal fueron: prohibición de salida del país, fijación de domicilio, colocación de dispositivo de monitoreo electrónico para asegurar su permanencia en General Roca, presentaciones dos veces por semana en una comisaría e inhibición general de bienes, en virtud de la investigación de delitos de carácter patrimonial contra instituciones públicas y privadas.
la jueza interviniente señaló que “no se discute la presunción de inocencia de la persona investigada y, aunque aún no se ha formalizado la imputación, el Código Procesal Penal habilita la solicitud de medidas cautelares desde el inicio del proceso”.
En consecuencia, la magistrada resolvió hacer lugar a la mayoría de las medidas solicitadas por la fiscalía, dejando de lado las presentaciones en comisaría. Por el plazo de seis meses a la mujer se le colocará una tobillera de control satelital, tiene prohibido salir del país y debe mantener su domicilio actual. Además, se dispuso la inhibición general de bienes, tanto del inmueble como del automotor. “Usted debe cumplir con todas estas medidas para no perder su libertad”, destacó la magistrada.
Fuente: Ministerio Púbico Fiscal dde Río Colorado y General Roca
