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Una mujer de 23 años quedó detenida al presentarse en la Comisaría 45° del barrio Anaí Mapu, de Cipolletti, mientras intentaba levantar una denuncia. El personal policial descubrió que llevaba en su mochila una pistola 9 milímetros con la numeración limada.
La mujer se presentó en la unidad policial para consultar por una denuncia vinculada a amenazas y privación ilegítima de la libertad. La situación involucraba a su entorno familiar. Según relató, su padre había sido amenazado y su pareja, actualmente detenida por otra causa, habría mencionado la existencia de un arma de fuego que ella solía trasladar en una mochila negra.
En ese contexto, y ante la información aportada, el personal policial actuó con rapidez y criterio preventivo. Le solicitó de manera formal que exhibiera el contenido de la mochila que llevaba consigo. Sin embargo, la joven comenzó a mostrarse visiblemente nerviosa y, en cuestión de segundos, intentó retirarse de la Comisaría de forma abrupta.
Lejos de dejar pasar la situación, los efectivos intervinieron de inmediato y lograron retenerla. Acto seguido, y priorizando la seguridad, procedieron a revisar la mochila. Fue entonces que apareció una pistola calibre 9 milímetros, en condiciones de uso, pero con su numeración de serie completamente limada.
Ese tipo de armas, sin identificación, suelen estar vinculadas a circuitos ilegales, lo que aumenta su peligrosidad y dificulta rastrear su procedencia. El Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes para preservar evidencias y avanzar en el análisis del arma.
Además, se dio aviso inmediato a la Fiscalía de turno, que dispuso la apertura de un legajo judicial por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. La mujer quedó ligada en la causa, mientras se profundizan las investigaciones para determinar el origen del arma y si pudo haber sido utilizada en otros hechos.
El caso no pierde de vista el trasfondo inicial. Las amenazas denunciadas y el contexto de violencia mencionado forman parte de una línea investigativa paralela que también será analizada por la Justicia, en un intento por reconstruir el cuadro completo de la situación.
Este procedimiento vuelve a poner en valor el trabajo cotidiano de prevención que lleva adelante la Policía de Río Negro en cada barrio.
Imputaron a un hombre y una mujer por defraudaciones especiales
Acusaron a dos personas por el engaño en la venta de un terreno que no les pertenecía, con un perjuicio económico que asciende a 21.100 dólares y 345 mil pesos argentinos.
Según relató el fiscal en la audiencia que se realizó en el Foro Penal de Cipolletti, el hecho ocurrió el 17 de noviembre del 2020 cuando los dos imputados, un hombre a cargo de la venta y una mujer a cargo de la parte administrativa, simulando solvencia y capacidad operativa, suscribieron con la víctima un contrato donde adquiere un lote para la posterior construcción de una vivienda.
Detalló que el valor del terreno era de 70 mil dólares, pagaderos en 10 mil dólares en efectivo al momento de suscribir y 120 cuotas restantes de 300 dólares.
De esta manera, la hicieron incurrir en error, logrando la estafa, debido a que el compromiso recae sobre un inmueble que no les era propio, sabiendo que no iban a dar cumplimiento a la obligación asumida, ni devolver el dinero.
Con la maniobra lograron un desplazamiento patrimonial a su favor de 21.100 dólares y 345 mil pesos.
El dinero fue entregado de la siguiente manera: primero 10 mil dólares al momento de suscribir el contrato y 36 cuotas por un total de 11.100 dólares, sumado a un aporte de 345 mil pesos argentinos.
La calificación legal constituye el delito de dos defraudaciones especiales concursando idealmente, siendo responsables a título de coautores.
El defensor particular solicitó que no se formulen cargos, entendiendo que no se contaba con los elementos suficientes.
El juez de Garantías dio por aceptados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la continuidad de la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto entre las partes.
Fuentes: Gobierno de Río Negro y Ministerio Público Fiscal de Cipolletti
