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El Ministerio Público Fiscal de Viedma solicitó una pena de cinco años de prisión para un sujeto declarado responsable del delito de estafa mediante el uso de documentación falsa. La maniobra consistió en simular vínculos con una escribana para gestionar la cesión de derechos sobre un inmueble.
La acusación había probado que el acuado utilizó sellos y firmas apócrifas y se valió de la confianza de una de las víctimas para obtener un rédito económico. El 16 de octubre pasado se dictó el veredicto de culpabilidad luego de un juicio oral y público en el que se acreditó la falsedad de los documentos presentados y la intervención directa del acusado en el engaño que derivó en la entrega de dinero.
La audiencia judicial se realizó tras múltiples ausencias por parte del imputado y, sin la declaración de testigos, se centró en los alegatos de las partes respecto de la determinación de la pena correspondiente.
La Fiscalía sostuvo que la extensión del daño ocasionado se vio ampliada por diversas circunstancias vinculadas con la relación entre las personas involucradas. Según se expuso, la escasa comunicación existente entre dos de las víctimas —quienes habían mantenido una relación de pareja— facilitó el engaño. Además, señaló que la persona imputada se valió de una situación de desigualdad vinculada con el nivel educativo, lo que habría contribuido a que una de las víctimas confiara en las gestiones propuestas. También se mencionó el aprovechamiento de un vínculo de confianza y obediencia, ya que la víctima consideraba a la persona acusada como su referente religioso.
Agregó que la maniobra implicó además la utilización indebida de la confianza depositada socialmente en la función notarial. En el juicio, la escribana explicó que la utilización de sellos y documentos falsificados puede afectar la confianza pública sobre el ejercicio de esa profesión.
Durante su intervención, la acusación también destacó que los hechos por los cuales se declaró responsable al hombre no constituyen un episodio aislado, mencionando antecedentes previos vinculadas con delitos de estafa y falsificación de documentos, en los que se describieron modalidades de engaño reiteradas. Por todo ello, solicitó la imposición de una pena de cinco años de prisión por el delito de estafa mediante el uso de documento falso.
Por su parte, la Defensa Pública cuestionó la existencia de un perjuicio económico y relativizó el interés de las víctimas en el proceso. Sostuvo que el documento presentado por el acusado constituía un instrumento privado que podría ser confeccionado por cualquier persona y que para una cesión de derechos no resulta imprescindible la intervención de una escribana. En ese sentido, argumentó que el documento no ingresó al tráfico jurídico y que, por lo tanto, no se habría configurado un daño patrimonial.
También planteó circunstancias atenuantes y señaló que no se acreditó en el debate la situación de superioridad intelectual ni un vínculo de predominio sobre la víctima. Respecto de los antecedentes penales mencionados por la Fiscalía, la defensa sostuvo que en esos hechos la persona acusada actuaba bajo las órdenes de quien era su superior.
Luego de prorrogar la prohibición de salir del país por el término de seis meses, el tribunal de juicio inició la instancia de deliberación. La sentencia se conocerá durante la próxima semana.
Imputación y medidas cautelares para un hombre y una mujer en Cipolletti
Fueron atrapados cuando intentaban llevarse pertenencias de un local que se dedica a la venta de cerámicos. Les formularon cargos ante un juez por el delito de hurto simple en grado de tentativa y no podrán acercarse al comercio.
Según informó el fiscal del caso en la audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, el hecho ocurrió el jueves 12 de marzo de 2026 alrededor de las 23 en un local ubicado sobre calle Saturnino Franco, en la zona del Distrito Vecinal Noroeste.
En ese lugar fueron vistos los dos imputados acompañados de otras dos personas que no pudieron ser identificadas hasta este momento, ingresando al predio que se encuentra cercado por un alambrado de dos metros de altura.
Una vez adentro, se apoderaron ilegítimamente de dos lavamanos del lugar.
En el local se encontraba una persona, quien advirtió lo ocurrido. Los imputados escaparon, no logrando consumar el hecho por circunstancias ajenas a su voluntad, dejando los elementos tirados.
Con la colaboración del sistema de videovigilancia del Servicio de Monitoreo, el personal policial perteneciente a la Comisaría 24 del barrio Don Bosco pudo reducir a los dos imputados cuando caminaban por las calles Arturo Illia y Juan Domingo Perón.
El defensor oficial no cuestionó el hecho ni la calificación legal.
La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el término de cuatro meses. Además, dispuso la prohibición de acercamiento a no menos de 200 metros al lugar del hecho, sumado a presentaciones quincenales en las comisarías más cercanas a su domicilio.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de Viedma y Cipolletti
