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En una amplia zona marítima de Río Negro -áreas naturales protegidas- se lleva a cabo un proyecto de investigación científica autorizado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia para analizar el impacto de la pesca deportiva sobre tiburones costeros y fortalecer las políticas de conservación de esas especies.
El trabajo se desarrolla en Punta Bermeja, Pozo Salado–Caleta de los Loros, Bahía San Antonio y Puerto Lobos, como parte de una estrategia provincial que combina investigación, señalización y concientización pública para proteger especies vulnerables y conocer el impacto de las actividades humanas sobre el ecosistema marino, según consignó un comunicado oficial.
El estudio, titulado “Análisis del posible impacto de la pesca deportiva dirigida a condrictios en áreas protegidas costero-marinas de la provincia de Río Negro”, es concretado por el equipo de especialistas de Wildlife Conservation Society en Argentina (WCS – Conservar Tiburones) bajo un permiso especial otorgado por resolución provincial.
“Constituye una excepción estrictamente científica dentro de un área donde la pesca de tiburones continúa prohibida. El objetivo es generar información biológica y estadística que permita evaluar el estado de las poblaciones y revisar la normativa vigente a partir de evidencia científica”.
Desde la Secretaría remarcaron que “la actividad no es recreativa: se trata de pesca científica controlada, con protocolos estrictos, uso obligatorio de anzuelos circulares y jornadas limitadas. Los pescadores autorizados reciben capacitación específica, realizan marcado científico, registran datos y devuelven inmediatamente los ejemplares al mar. Esta información permite comprender el impacto de las actividades humanas en el ecosistema y diseñar mejores herramientas de protección”.
La resolución Nº 999/2015 continúa vigente y prohíbe la pesca de tiburones, rayas y quimeras dentro de Punta Bermeja. El permiso especial sólo alcanza a investigadores y pescadores expresamente autorizados en el marco del proyecto, que tiene vigencia hasta abril de 2026 y está sujeto a informes técnicos, controles y condicionantes establecidos por la autoridad ambiental.
