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El Ministerio Público Fiscal de Viedma requirió la condena de 7 años de prisión para una mujer que admitió haber sido la autora de dos hechos de robo. Tal manifestación fue realizada en el marco de una audiencia de procedimiento abreviado convenida entre la Fiscalía y la Defensa Pública.
La mujer se encuentra en la actualidad cumpliendo una condena de prisión efectiva por otro hecho diferente.
En este caso, se requirió la pena por dos hechos: el primero de robo doblemente agravado por uso de arma impropia y por la participación de una menor de edad y lesiones leves. En este caso a la víctima se le produjeron cortes en la cara con una tijera.
El segundo hecho es de robo simple y también se produjo en la vía pública, en inmediaciones del barrio 20 de Junio. donde a la damnificada le sustrajeron un celular.
Entre la extensa prueba que sustenta el acuerdo de procedimiento abreviado se cuenta con la declaración de ambas víctimas, los resultados de sendos procedimientos policiales, testimoniales tanto de testigos como de personal policial interviniente, las actuaciones del Gabinete de Criminalística y los certificados médicos que constatan las lesiones.
Ambas víctimas fueron anoticiadas de la forma en que las partes convinieron en concluir ambos legajos penales y prestaron conformidad a ello. En la audiencia, además, el defensor oficial de la acusada mencionó condiciones personales de la mujer que sustentan la pena pretendida cercana al mínimo de la escala penal aplicable.
El juez de juicio explicó entonces los alcances del procedimiento, adelantando la recepción positiva del acuerdo que será formalizado en la correspondiente sentencia. Luego de ello la mujer aceptó haber cometido los hechos y aceptó con ello la calificación legal y la pena prevista.
FUENTE: MINISTERIO PUBLICO FISCAL / VIEDMA
Imputación a una pareja por estafa por construcción de casa
El Ministerio Público Fiscal de General Roca formuló cargos a una pareja que simuló ser propietaria de una empresa constructora inexistente, prometiendo la construcción de una vivienda contra entrega del 70 por ciento del monto previsto para tal fin.
A ambos se les endilgó el delito de estafa por considerar que lograron inducir a engaño a un hombre, aparentando ser miembros de la empresa de construcción INTEC, publicitada de manera engañosa a través de las redes sociales Facebook e Instagram.
Tal empresa no figura inscripta en la Inspección de personas jurídicas, ni registrada ante la AFIP, ni habilitada comercialmente por la municipalidad de General Roca. No obstante ello la víctima creyó en la existencia de la misma y firmó con los imputados un contrato de locación de obra entregándole una suma en dólares en concepto de adelanto.
Dicho contrato, así como un pagaré que se le entregó al damnificado, se firmaron ante escribano público quien certificó ambos instrumentos. En el primero de ellos los imputados se obligaban a la construcción de una vivienda por la cual el damnificado entregó el 70 por ciento del monto total previsto.
En el mismo acto los imputados dieron cuenta de una falsa solvencia al emitir un pagaré por el dinero que percibieron “a sabiendas que no iban a devolver el dinero y que no iban a dar cumplimento a la obligación asumida, ante la inexistencia tanto de bienes como de la empresa constructora debidamente conformada y habilitada”.
De esta manera defraudaron al denunciante al provocarle un perjuicio de más de 14000 dólares, en carácter de adelanto por el 70 por ciento de obra, la que no fue realizada por los imputados en su totalidad, sino solo en un 10 por ciento.
El sustento probatorio se compone de diversos informes que prueban la falsa solvencia de los acusados, hecho que se agrava al firmar un contrato falso ante escribano público “dando apariencia de un negocio legal, que no obstante fue efectuado de manera dolosa con la clara intención de defraudar al damnificado”.
Se cuenta con la denuncia penal del patrocinante de la victima que detalla el negocio celebrado y las condiciones del mismo, con el pagaré emitido como garantía y con la certificación notarial de ambos documentos.
Se agrega las capturas de pantalla de las publicidades de la constructora efectuadas en redes sociales y diversos informes, entre ellos el de la Inspección de personas jurídicas de Río Negro que da cuenta que la empresa no está registrada; del municipio que informa que no existe ninguna habilitación comercial y el elevado por el sistema crediticio Nosis requerido por la OITel, que sostiene que la pareja no contaba con patrimonio que sustentara el pagaré entregado.
Sin la objeción del defensor público de ambos imputados, el juez de Garantía interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria.
El Ministerio Público Fiscal trabaja en la gestión de otro legajo cuyas denuncias se realizaron hace pocas semanas, por similares delitos con 9 denunciantes más. Dicho legajo está en etapa de investigación preliminar, próximo a requerirse la correspondiente formulación de cargos.
FUENTE: MINISTERIO PUBLICO FISCAL / GENERAL ROCA
