Río Negro: Por enviar imágenes pornográficas un sujeto sería condenado, pero no con cárcel

 

Un sujeto de Viedma podría ser condenado a tres años de ejecución condicional (no irá a prisión) por tenencia y distribución por una red social de un video con imágenes de explotación sexual infantil. La causa fue iniciada por información de un organismo de Estados Unidos.

A través de un procedimiento abreviado, el individuo aceptó haber enviado en una oportunidad un video con imágenes de explotación sexual infantil y tener en su poder una docena de archivos similares. Por ambos hechos la Fiscalía – con la anuencia de la Defensa Pública- pidió la condena de tres años de prisión de ejecución condicional y el requerimiento que el acusado sea evaluado por el área de Salud Mental del Hospital Zatti para someterse a un tratamiento psicoterapéutico.

El control del cumplimiento de las diversas pautas de conducta, de aceptarse el juicio abreviado, estará a cargo del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL).

La causa, como todas aquellas que se sustancian bajo el delito de pornografía infantil – calificado legalmente como tal en el artículo 128 del Código Penal- fue iniciada a partir de lo informado por la National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) con sede en Estados Unidos. Esta organización reporta la existencia de este tipo de imágenes y las envía a la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde se detectan la procedencia a través del análisis de la dirección IP y se remite a las respectivas jurisdicciones.

En este caso, los cuatro reportes llegaron en un mismo momento y ello dio inicio a la investigación que incluyó un allanamiento en la vivienda en la que residía el hombre, ubicada en el barrio Santa Clara de Viedma, en el que se secuestraron diversos dispositivos electrónicos. 

El envío del video se produjo en junio del año pasado a través de la red social Facebook con un usuario asociado a la línea telefónica del acusado. 

La Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General y el área de Informática Forense fueron las encargadas de analizar los diversos dispositivos electrónicos secuestrados así como las redes desde donde se replicó la información.

FUENTE: MINISTERIO PUBLICO FISCAL / VIEDMA

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