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En agosto del año pasado, por la mañana, dos sujetos -junto a otros- ingresaron intempestivamente a la Delegación Alto Valle Centro del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, ubicada en la calle Rodhe de la ciudad de General Roca y, una vez en el interior del organismo, cerraron la puerta de acceso con el pasador interno impidiendo la entrada y salida de personas.
“A viva voz exigían que les recibieran un petitorio y se les proporcionara una respuesta inmediata a lo peticionado. “De acá no nos vamos a ir” y agregaron que igual medida se estaba tomando simultáneamente en Viedma y en otras delegaciones del interior de la provincia”, según consta en un expediente judicial.
“Luego ocuparon las dependencias internas de la Delegación, accediendo al pasillo interno, a la cocina, y a espacios de uso interno no destinados al público, impidiendo con su accionar el normal desarrollo de las funciones laborales en dicho lugar. A raíz de ello no se pudo continuar atendiendo a las personas que se encontraban en la sala de espera por tener entrevistas pautadas con anterioridad, ni atender a los proveedores”, concluyó el fiscal.
Esta semana, tal lo solicitado por el fiscal del caso Ricardo Romero, el juez de juicio Fernando Sánchez Freytez declaró la responsabilidad penal de dos individuos acusados por la Fiscalía por los hechos ocurridos en agosto del año pasado en la sede Ministerio de Desarrollo Social en General Roca.
La calificación legal por la cual el representante del Ministerio Público Fiscal los acusó fue la de ser coautores de “turbación de la posesión y perturbación al ejercicio de las funciones públicas”.
Lo próximo en el proceso penal es la concreción de la audiencia de cesura, donde las partes solicitarán el monto de la pena y que sucederá el 9 de septiembre próximo, confirmaron fuentes judiciales.
