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El fiscal barilochense Tomás Soto, junto a la fiscal adjunta Mariana Lascano, formuló cargos ayer viernes a un individuo, por los delitos de lesiones graves agravadas por el vínculo y por un contexto de violencia de género, amenazas, privación ilegítima de la libertad agravada y daño, cometidas en contra de su pareja. Se le impuso, además, un mes de prisión preventiva.
La audiencia fue presidida por el juez de Garantías Juan Martín Arroyo y la defensa del imputado estuvo a cargo de la defensora oficial adjunta Mónica Goye.
Al imputado se le atribuye lo ocurrido el 13 de marzo de 2019 a las 04,00 de la madrugada, aproximadamente, en el interior de un departamento del edificio Bariloche Center de Bariloche, cuando el imputado comenzó increpar a su pareja para luego arrojarla sobre la cama y propinarle golpes de puño en la cabeza y en el rostro mientras le manifestaba “te voy a matar”.
Luego, habría retenido a la víctima contra su voluntad, cerrando la puerta de ingreso del departamento con llave, desconectando además el teléfono fijo y quitándole su teléfono celular para que no pudiera comunicarse nadie, el cual rompió momentos después.
Según la acusación y ante la imposibilidad de salir del departamento, le provocó profundo temor, lo que se prolongó hasta la hora 08.45 aproximadamente. A esa hora, personal de seguridad del edificio se presentó en la puerta del departamento y aprovechando esta circunstancia el imputado se escapó del lugar.
La víctima sufrió lesiones que la mantienen a la fecha internada en la terapia intensiva de un sanatorio local. Esta agresión se dio en un contexto de violencia de género, ya que ambos mantenían una relación de pareja de aproximadamente seis meses, conviviendo, con diversos episodios anteriores de violencia verbal y física.
El imputado brindó su versión de lo sucedido, donde relató situaciones previas de violencia presentes en el vínculo que sostienen desde hace meses. La defensora oficial Goye manifestó no oponerse a la formulación de cargos pero “ante las versiones contrapuestas expuestas en la audiencia, es necesario investigar, acreditar, ubicar testigos y por ello requirió se amplíe el plazo de la investigación por el término de cuatro meses”.
Se opuso en cambio la defensora a la prisión preventiva solicitada por el fiscal Soto, por el mismo término considerando la medida como la más gravosa, sumado a ello el arraigo, la falta de antecedentes y la residencia habitual de su defendido.
El fiscal Soto fundamentó el pedido de prisión preventiva en virtud de “la brutalidad desplegada” que generó profundo miedo en la víctima, el entorpecimiento en la investigación y el riesgo de fuga, dado que procede una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Recordó además el marco normativo nacional e internacional de protección integral a las víctimas.
El juez de Garantías Juan Martín Arroyo dio por formulados los cargos, porque “hay elementos de convicción suficientes” manifestó. Si bien la defensa pone en crisis uno de los hechos que se le atribuyen al imputado, lo cierto es que el resto fueron debidamente probados, dado que la víctima aún permanece internada. Las normas nacionales e internacionales nos obligan a brindar protección a las víctimas”, expresó el magistrado.
Finalmente, impuso un mes de prisión preventiva, medida que será revisada en ese plazo para constatar situaciones previas de violencia expresadas en la audiencia.
La OFAVI, Oficina de Atención a la Víctima, se encuentra realizando un trabajo de abordaje integral a la mujer que se encuentra internada en un centro asistencial de esta ciudad y a sus familiares.
Abuso sexual agravado: solicitud de responsabilidad penal
La fiscal roquense Belén Calarco solicitó la declaración de responsabilidad penal para el empleado policial imputado de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado”.
“Hay prueba objetiva que sustenta tanto la acusación y como el pedido de culpabilidad, esto es la pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense tanto médica como psicológica, también prueba directa que es la declaración de la menor en Cámara Gesell y la prueba indiciaria que sustenta dicha declaración. Todo esto fue volcado en este debate y todos pudimos ver que el señor es responsable de los delitos que esta fiscalía le enrrostra”, dijo Calarco en sus alegatos de clausura.
Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron entre el 2016 y 2018 en una vivienda del barrio 500 Viviendas de Roca, donde residía la víctima, de 11 años, junto a sus hermanos, su madre y el imputado. “Los abusos sexuales sufridos por la niña dada su reiteración, modalidad, extensión en el tiempo, fueron prematuros, perversos y con entidad corruptora”, agregó la fiscal del caso.
La calificación legal por la que se lo acusa y hoy la fiscalía solicitó su culpabilidad es “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente y por ser encargado de la guarda reiterado en un número indeterminado pero de al menos tres oportunidades, en concurso real, y promoción a la corrupción de menores agravada por haber sido cometido contra un menor de 13 años y por haber sido conviviente y guardador en concurso ideal”.
El sujeto, asesorado por su abogado particular, declaró sobre el final de la audiencia.
Texto y foto: Poder Judicial de Río Negro
