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El viernes se desarrolló la audiencia indagatoria a un grupo de manifestantes del gremio de ATE acusados del delito de “turbación del derecho a la posesión en los accesos a los pozos petroleros en la localidad de Guerrico”, se informó oficialmente este sábado.
De la audiencia participó el fiscal Ricardo Romero, de la Unidad Fiscal que investiga delitos contra la propiedad, y la jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº 4, Natalia González, mencionaron las fuentes judiciales.
Tras la lectura del hecho investigado y de la prueba colectada hasta la fecha, los imputados asistidos por la defensora oficial, Mariana Serra, prestaron declaración y estuvieron abiertos a las preguntas formuladas por la Fiscalía y el Tribunal.
“Reconocieron el hecho, pero negaron haber obstaculizado el ingreso a las empresas. Sólo declararon cuatro de los siete que fueron convocados, dos de ellos no se presentaron a la indagatoria y el otro no fue ubicado por personal policial”.
El 6 de julio de 2016, el fiscal Romero formuló cargos contra un grupo de manifestantes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado por el delito de turbación del derecho a la posesión y/o tenencia de las empresas damnificadas sobre la explotación de los pozos petrolíferos.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el pasado 30 de mayo de 2016, alrededor de las 09:30, en el acceso a los pozos petroleros, sitos en chacra 74 de la localidad de Guerrico, propiedad de las empresas YSUR e YPF SA, en circunstancias en que siete manifestantes gremiales impidieron el ingreso y egreso del personal y de camiones afectados a las empresas, generándoles una considerable pérdida económica y provocando un severo riesgo ambiental.
La Fiscalía, al tomar conocimiento de la situación y una vez constatada por personal policial la turbación al derecho de la propiedad de la empresa por parte del gremio de ATE, dispuso el inicio de las actuaciones y la instrumentación del protocolo de actuación para la intervención en este tipo de hechos ilícitos, a los fines de establecer la responsabilidad penal de quienes lideraron el movimiento de ingresar a las instalaciones de las empresas.
El Tribunal deberá resolver en los próximos días la situación procesal de los cuatro imputados y fijará una nueva fecha para el resto de las indagatorias.
