Fiscal formuló cargos contra tres dirigentes de ATE. Esperan que Aguiar declare

El fiscal Martín Pezzeta, titular de la fiscalía de delitos contra la administración pública, formuló cargos contra un grupo de dirigentes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado y anticipó que “no consentirá beneficios procesales para los imputados”. Es por el ataque y destrozos en dependencias oficiales de la localidad de Cordero, en el Alto Valle.

La fiscalía impulsa dos investigaciones: una por el ataque a la Comisaría de Contralmirante Cordero y otra por los destrozos en el edificio municipal de esa localidad. Ahora, se espera que el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, preste declaración el viernes 11.

“Por la gravedad de los delitos, la intención de la fiscalía es llegar a juicio, por eso adelantamos que no consentiremos la aplicación de beneficios procesales para los imputados, porque insistimos en que los hechos fueron graves”, adelantó Pezzetta.

Agregó que “desde la fiscalía ofrecimos la realización del trámite mediante instrucción abreviada, intentando acortar los plazos procesales y llegar al juicio lo antes posible”, sin embargo aclaró que el pedido fue desestimado por parte de la defensa.

La primera causa, que tramita ante el Juzgado de Instrucción Nro. 2, investiga el ataque a la Comisaría. El representante del Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Dora Noemí Fernández y Rosa Ñanco, ambas dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado.

El hecho sucedió el 19 mayo de 2016, en horas cercanas al mediodía, en momentos en que los dirigentes del gremio ATE se hicieron presentes ante la unidad policial para reclamar al intendente Gustavo Pita, que entablara un diálogo con ellos, respecto de un reclamo laboral.

“Ante la negativa del jefe comunal y encontrándose tan sólo dos policías mujeres de guardia, generaron múltiples destrozos en el edificio de la Comisaría Nro. 46, dañando con manchas de huevo el revoque del edificio y destruyendo vidrios, ventanas y la puerta principal”.

El concurso de delitos para este hecho, según acusó el representante del Ministerio Público, sería coacción agravada por ser cometida en contra de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y daño agravado por ser cometido contra bienes del Estado.

Destrozos en el palacio municipal de Cordero

En cuanto a la segunda investigación – el ataque a Municipio que tramita ante el Juzgado de Instrucción nro. 4 – el fiscal destacó que los delitos que se investigan son daño agravado, atentado y resistencia a la autoridad y las lesiones de carácter graves que sufrió por un trabajador municipal.

En cuanto al hecho, Pezzetta indicó que sucedió el 27 de mayo de 2016 cerca de las 13:10, cuando los dirigentes gremiales realizaban una protesta y reclamos al intendente municipal. En el lugar, se encontraban presentes policías e integrantes del grupo especial COER, intentado resguardarlo. El hecho se agravó cuando quienes encabezan la protesta comenzaron a arrojar elementos contundentes contra el palacio municipal.

Pezzetta agregó que durante el ataque se destruyeron una gran cantidad de los vidrios del Municipio, se destrozó el salón de usos múltiples del edificio y se dañaron las puertas de accesos. “Los daños fueron importantísimos”.

Posteriormente,  los referentes sindicales golpearon a personal policial, ocasionándoles lesiones que fueron acreditadas mediante certificaciones médicas. Por lo anterior, Pezzetta entendió que se había configurado el delito de atentado y resistencia contra la autoridad agravado y de lesiones.

En cuanto a las penas que contemplan los delitos imputados, se informó que Código Penal prevé penas entre 3 meses y 4 años de prisión para el daño agravado, entre 5 y 10 años para el caso de la coacción agravada y de seis meses a dos años el atentado y resistencia a la autoridad agravado.

 

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