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Dueños de viviendas ubicadas en sectores de los barrios Nahuel Hue y El Pilar, de Bariloche, apelan a sistemáticas sustracciones de energía eléctrica, aun cuando cuentan con pilares asignados y son beneficiados incluso de la tarifa social.
Esa situación fue analizada ayer durante una reunión que mantuvieron el fiscal jefe Martín Lozada, el intendente Gustavo Genuso, la directora del Instituto de Tierras y Vivienda Laura Zannoni, y Rodolfo Rodrigo, titular de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche.
“El tema que abordaron durante la sesión de trabajo fue el hurto de energía por parte de titulares de viviendas en diversos barrios del ejido municipal. En especial, los sucedidos en Nahuel Hue y El Pilar”, consignó un parte de prensa de la Justicia provincial.
“Las conexiones clandestinas resultantes, tal como quedó planteado durante la sesión de trabajo, traen aparejados múltiples perjuicios. Uno de ellos referidos a la vida e integridad física de las personas que las concretan. Otro tanto, además, en materia de incendios y demás estragos derivados de las maniobras de conexión irregular. A todo ello cabe agregar puntuales perjuicios en materia patrimonial”, agregó el comunicado.
Sobreseimiento de dos personas imputadas por usurpación
“Atento los motivos expuestos por la fiscal Alejandra Bartolomé, en audiencia oral y pública, el magistrado dispuso el sobreseimiento de ambas personaa en relación al hecho materia de acusación, consignando que no se afecta su buen nombre y honor”.
La fiscal Alejandra Bartolomé informó en la audiencia, que luego de realizar una serie de tratativas con la representante legal del Instituto, Laura Zanoni, en el marco de un criterio de oportunidad, se arribó a un acuerdo de partes con las personas imputadas.
“El convenio estableció un plazo para desocupar el inmueble. Atento que se cumplimentó el mismo, la denuncia fue retirada. Por ello, el Ministerio Publico Fiscal desistió de la acción penal iniciada, consideró extinguida la misma y solicitó se dicte el sobreseimiento de las personas imputadas”.
“Estas actuaciones provienen del sistema procesal penal anterior en las que se imputó a los nombrados haber ingresado sin autorización alguna y destruyendo un cerco de alambre a una vivienda en construcción del barrio “10 de Diciembre” el que se encontraba comprendido en un plan de viviendas del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas. El hecho ocurrió el 22 de noviembre de 2014”.
Los imputados fueron asistidos por la defensora oficial penal subrogante Mónica Goye, quien adhirió al requerimiento de la fiscal.
